El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia se encuentra en el centro de una intensa polémica tras la presentación de un memorial que solicita el cese inmediato de los magistrados autoprorrogados y la auditoría de sus sentencias emitidas en 2024. Esta iniciativa, impulsada por los asambleístas de La Paz, Israel Alanoca y Fernando Condori, busca restablecer el orden constitucional y poner fin a lo que consideran una usurpación de funciones por parte de los magistrados que prolongaron su mandato de manera ilegal.
En su memorial, los asambleístas argumentan que los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Karem Lorena Gallardo Sejas e Isidora Jiménez Castro concluyeron su mandato constitucional en diciembre de 2023. Sin embargo, a pesar de haber culminado su tiempo en el cargo, continuaron ejerciendo funciones y tomando decisiones que, según los denunciantes, transgreden las disposiciones constitucionales. En este sentido, la primera solicitud del memorial exige el cese inmediato de sus funciones, invocando el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, que establece la caducidad de los mandatos una vez que se cumplen los plazos establecidos.
La situación ha generado un clima de tensión en la política boliviana, particularmente en el contexto de la reciente elección de nuevos magistrados el 15 de diciembre. Alanoca ha expresado enérgicamente que no es aceptable que los nuevos magistrados, elegidos por la voluntad popular, coexistan con aquellos que han actuado en contra de la Constitución: «No puede ser que los nuevos magistrados, que el pueblo boliviano ha elegido, puedan convivir con estos sinvergüenzas y cínicos autoprorrogados que siguen en el Tribunal», afirmó el asambleísta.
El memorial también incluye una segunda solicitud que pide la apertura de un proceso penal por usurpación de funciones. Los asambleístas sostienen que los magistrados autoprorrogados no solo se mantuvieron en sus cargos de manera irregular, sino que, en un acto de desafío a la norma, emitieron una resolución en diciembre de 2023 que extendía su mandato hasta la realización de nuevas elecciones. Este acto fue considerado como un abuso del poder que les confería su cargo y una clara violación del marco legal vigente.
Además, los asambleístas han solicitado una auditoría jurídica exhaustiva de todas las sentencias y resoluciones emitidas por los magistrados autoprorrogados durante la gestión de 2024. Esta auditoría tendría como objetivo verificar posibles responsabilidades penales, civiles, ejecutivas y administrativas en las decisiones adoptadas. La importancia de esta revisión radica en la necesidad de garantizar que las actuaciones del TCP sean transparentes y responsables, especialmente en un contexto donde se ha cuestionado la independencia del órgano judicial.
El memorial presentado por Alanoca y Condori no solo se limita a señalar irregularidades en la gestión de los magistrados autoprorrogados, sino que también proporciona una cronología detallada de sentencias y acciones que, en su opinión, han socavado el orden constitucional. Entre estas acciones se incluye la promoción del reemplazo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en un acto que los asambleístas consideran una violación al estatuto regional cruceño. Asimismo, se menciona la orden emitida por el TCP para que la Asamblea reconozca la prórroga de mandato de los magistrados, así como la declaración de inconstitucionalidad de proyectos de ley que buscaban poner fin a su mandato.
La situación se complica aún más al considerar que los autoprorrogados también suspendieron las facultades legislativas de las cámaras para realizar la fiscalización correspondiente a los ministros, lo que ha generado una percepción de falta de control y supervisión del Ejecutivo. Este contexto ha llevado a los asambleístas a concluir que es fundamental que los nuevos magistrados, que asumieron sus funciones el pasado viernes, tomen medidas decisivas para restituir la legalidad y la justicia en el país.
La llegada de 19 nuevos magistrados al TCP y al Órgano Judicial representa una esperanza para aquellos que buscan un cambio en el sistema judicial boliviano, que ha estado marcado por la controversia y la desconfianza. Sin embargo, la tarea que tienen por delante no es sencilla, ya que deberán lidiar con las secuelas de la administración anterior y trabajar en la restauración de la credibilidad del sistema judicial ante la ciudadanía. La próxima semana, los nuevos magistrados se preparan para instalar sus salas plenas, un proceso que será clave para definir el rumbo del TCP en el futuro inmediato.
En medio de esta agitación, figuras como Romer Saucedo han comenzado a establecer reuniones de coordinación con el Gobierno de Luis Arce, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de propuestas estructurales que aborden los problemas más profundos del país. La coyuntura actual plantea interrogantes sobre las alianzas políticas y la necesidad de un cambio radical en el modelo económico que ha caracterizado a Bolivia en las últimas dos décadas. Con un escenario político en plena transformación, la atención permanece centrada en cómo el nuevo TCP abordará estas demandas y si realmente se logrará restaurar la confianza en el sistema judicial boliviano.