El semanario La Nueva República del 28 de enero al 2 de febrero de 2006, titulaba “Estas son las promesas de la campaña electoral del MAS y señalaba Los Diez Mandamientos de Evo”. Señalaba al octavo mandamiento como el “Plan Eficaz de Seguridad Ciudadana”, anotaba, además: “El pueblo boliviano votó por la propuesta proselitista del Movimiento al Socialismo. Ahora que Morales Aima asumió la presidencia de la República, corresponde al nuevo gobierno dar estricto cumplimiento a los ofrecimientos. Serán lavase para la profunda transformación del país, sus instituciones y para erradicar la discriminación social”. Indicaba la propuesta de aquella ley, los siguientes Objetivos: 1. Para llevar a cabo la política de seguridad desde una perspectiva preventiva, con base a la inclusión social, inversión pública y coordinación con prefecturas, municipios y comunidad, en el campo y las ciudades. 2. Para promover la elaboración de leyes y reformas al Código de Procedimiento Penal que castigue la impunidad, pero que proteja los derechos ciudadanos, además, impulsará cambios profundos en las instituciones del sistema penal, entre ellos, el ministerio de gobierno, régimen penitenciario, migración, policía nacional, fiscalía general y defensa pública. 3. Implementar el Plan Narcotráfico Cero en Bolivia, potenciando los mecanismos y la estructura institucional de lucha contra este flagelo.
Veamos los resultados de la aplicación de esta ley: No se ha llevado a cabo una política de seguridad desde una perspectiva preventiva, con base a la inclusión social, inversión pública y coordinación con prefecturas, municipios y comunidad, en el campo y las ciudades. Las ETAs no han recibido mandatos expresos o competencias que les permita implementar o poner en marcha los programas o acciones que correspondan para atender los flagelos desencadenados en estos 18 años. Las Alcaldías apenas pueden disponer de Guardias Municipales, siendo que algunas Gobernaciones plantearon apoyar la organización similar para cada jurisdicción departamental, sin embargo, el hecho que exista un único mando nacional a las fuerzas del orden, impidió se dé curso a esta propuesta. Además, se esgrime el argumento de que, a pesar de las autonomías constitucionalizadas, no existe la más mínima posibilidad de una descentralización de mandos a nivel departamental, que podría optimizar estos servicios, hoy vitales para la seguridad ciudadana.
Se han efectuado cumbres departamentales y nacionales para tratar el tema, sin embargo no ha salido una agenda comprometida y acordada, si bien existen consensos sobre diversos temas como el aporte presupuestario a determinados programas de equipamiento a la Policía Nacional, esto es absolutamente insuficiente, en tanto y en cuanto algunas Gobernaciones plantearon la instalación de cámaras de vigilancia en las ciudades principales para un monitoreo por una instancia especializada de estas entidades, pero, se presentó la figura de incompatibilidad con las tareas y mandatos institucionales de la Policía Nacional que impide su prosecución, sin embargo, bajo “convenio”, se dio curso a aquello, pero terminó siendo una iniciativa privada, pues alcaldías y gobernaciones disponen de cámaras, obsoletas e insuficientes, en extremo. Una Cumbre Nacional efectuado en Tarija (13-14/02/2012), su única resolución determinaba que, vía decreto, el 15% del IDH nacional pasé a la Policía Nacional para su fortalecimiento contra el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico y la seguridad ciudadana. Claro, como les quitaron identificaciones, había que reponerles algunos fondos compensatorios. En este contexto, siguen en propuestas las acciones en la ALP para promover la elaboración de leyes y reformas al Código de Procedimiento Penal que castigue la impunidad, pero que proteja los derechos ciudadanos, la propuesta de nuevo Código se paralizó por sus objetivos “criminales”. Los impulsos de cambios profundos en las instituciones del sistema penal, entre ellos, el ministerio de gobierno, régimen penitenciario, migración, policía nacional, fiscalía general y defensa pública, han quedado en el papel. Nunca se dieron pasos hacia esos objetivos de seguridad en la Ley, al contrario, se implementaron acciones bajo mando político para perseguir a la oposición y, como se denuncia hoy en los medios gente armada, impide ingresar a bomberos para apagar incendios provocados por avasalladores cocaleros, zonas, en las que no se ve ni un solo policía, ésta ha perdido su rol, su moral y sus principios.
No existió nunca, una acción específica para implementar aquello de Plan Narcotráfico Cero en Bolivia, potenciando los mecanismos y la estructura institucional de lucha contra este flagelo. La prensa registra cotidianamente decomisos, allanamientos, detenciones, destrucción de pozas y fábricas de elaboración de cocaína por centenares, en las que no existen detenciones de peces gordos, lo que demuestra evidentemente que esta actividad se recicla permanentemente, con vigor y capacidades de movilidad en todo el territorio nacional, donde ministros han declarado acerca de la presencia de carteles internacionales y el caso emblemático del narcotraficante Marset, y de 5 policías de la más alta graduación, que purgan cárcel por ser de relación de esas organizaciones de la droga, tal como muestran los medios, además de ajustes de cuentas por todos lados, policías de menor rango en volteos, robos ( Joyería Kronos), y asesinatos, “narco vuelos oficiales” con media tonelada y más de droga a países europeos y de medio oriente, decomisos en puertos chilenos de hasta dos toneladas, etc.. Antes había localizaciones expresas de esta ilícita actividad, hoy se manifiesta en los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional: se descubren estas actividades “industriales” en comunidades, localidades o centros poblados y ciudades en varios puntos del país, lo más notorio es que aparecen ya no extranjeros en estas actividades, sino campesinos e indígenas, que se suponía eran la reserva moral del nuevo Estado Plurinacional: Además la industrialización de cocaína, ya no se efectúa en el trópico cochabambino, sino en el norte potosino, los valles y el altiplano, en zonas inexpugnables en las que no existe ley, ni policía. ¡El pretender, como dijo el tristemente célebre ex Ministro de Gobierno Wilfredo Chávez -en su cortísima gestión- que “la seguridad ciudadana es responsabilidad es de todos”! Fue una felonía. El ciudadano de a pie combatiendo el crimen organizado, la delincuencia, las bandas de narcotraficantes, las pandillas, etc. ¡¿Será que el pueblo debió armarse?! ¿Quiso decir eso? No deja de ser algo francamente cínico. Y nada más. Da, de lo que es, este ex Procurador y su gestión.
La seguridad ciudadana exige un programa bajo responsabilidad de las instituciones del orden interno. Logística, capacidad técnica y tecnológica, verdadera capacidad instalada en sus recursos humanos, mejores presupuestos en materia salarial, compensaciones y/o bonificaciones que equilibren la intensidad de desplazamientos efectivos o redadas que implican alta peligrosidad vs resultados, rotación de personal, capacitación y becas, equipamiento de primer nivel, reorientar los objetivos institucionales de la Policía Nacional y su formación (con que sean plurinacionales y lleven distintivos de la whipala en sus uniformes, no hacen el cambio que se requiere), las juntas vecinales deben organizar redes de comunicación con la policía, los municipios deben reordenar y equipar las zonas de alto riesgo o rojas con actividades urbanas culturales y/o económicas específicas -cambiar la presencia del Estado en aquellas zonas o áreas peligrosas o con tendencias a desequilibrar la paz y el orden citadino social-, las cámara de seguridad son una alternativa en centros de alta densidad comercial, de circulación ciudadana e incluso habitacional.
Las campañas radiales, de prensa escrita y televisiva, así como en juntas vecinales y establecimientos educativos, también debieran ser profusas y persistentes en el largo plazo, sobre este tema. Debe rescatarse con programas de inserción social plena y real (capacitación laboral y apoyo económica) en aquella juventud proclive -por múltiples razones- a caer en los espectros de la delincuencia, asimismo, escapando del desempleo y de hogares disfuncionales, además de la proliferación extrema de bebidas alcohólicas y drogas de todo tipo. El programa Evo cumple debió orientarse a crear mano de obra calificada creando centros de capacitación técnica juvenil bajo la premisa de otorgar capital de arranque para iniciativas emprendedoras como las hace IDEA o SOBOCE -en su tiempo-, por ejemplo. Esta malhadada propuesta de Ley para generar un Plan Eficaz de Seguridad Ciudadana, inexistente, debe ser parte, sin duda, de la organización política unida en bloque, que vaya hacia las elecciones nacionales del Bicentenario del 2025.
