Por Eduardo Claure
Varios hechos políticos del pasado reciente y actuales, siembran de incertidumbre la ruta hacia las elecciones del Bicentenario -suceso trascendental- para la aún República de Bolivia, veamos.
El 5 de diciembre del 2019, la OEA ratificó en su informe, que el aparato electoral de Bolivia se prestó para “manipulación dolosa y parcialidad de la autoridad electoral con el fin de lograr un cuarto mandato para Evo Morales”.
“Alteraron la voluntad expresada en las urnas con acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección”; “Hubo paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares TREP, todos los análisis determinan que la paralización del sistema TREP fue simplemente una decisión arbitraria, cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática”.
El equipo auditor detectó “una manipulación dolosa de los comicios en dos planos: a nivel de las actas, a partir de su alteración y falsificación de las firmas de los jurados de mesas y de los resultados, a raíz del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos externos. Los hallazgos detallados revelan la parcialidad de la autoridad electoral.
El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de más de 200 denuncias con información recibida”. Mientras, la oposición no asumió una acción política firme contra este hecho. El gobierno pretende llegar al 2025 con este sistema. Negros nubarrones se avecinan para las elecciones del Bicentenario.
El TSE un mes antes de aquellos comicios, contrató una empresa especializada para realizar auditoria al TREP; el informe de dicha empresa decía: “El proceso electoral boliviano estuvo viciado de nulidad”. Contundente conclusión del informe de la empresa Ethical Hacking, contratada por el TSE para la auditoría al sistema TREP y al cómputo definitivo, a cargo de la compañía NEOTEC. El informe añadía: “No podemos dar fe de la integridad de los resultados electorales, debido a que todo el proceso está viciado de nulidad por la cantidad de alteraciones al código fuente del TREP, la cantidad de accesos y modificaciones manuales con el máximo de privilegios a las bases de datos en producción durante el proceso electoral y las inconsistencias del Software que fueron surgiendo en el TREP y el sistema de cómputo”, concluía la auditoria. Además, el 11 de noviembre de 2021, la ex vocal del TSE Rosario Baptista, envió una carta al presidente de la ALP, David Choquehuanca, denunciando severas anomalías en el TSE, expresando: “Cuando el sistema no puede manipular a su favor los resultados, simplemente los ignora, como hicieron con el referendo de 2016, violando la CPE y las leyes. No sólo lo hizo el propio TSE, que habilitó a Morales por tercera vez en 2014 y por cuarta vez en 2019, lo hizo el TCP en 2014, en 2016 y en 2019, y lo hicieron los políticos que terciaron en elecciones con un candidato absolutamente ilegal, sin cuestionar nada. Lo legitimaron con su presencia”. Resaltaba la participación de candidatos opositores, que actuaron como si nada pasara. Hoy surgió una noticia que evitará -circunstancialmente- la nueva amenaza que se oficiaba al sistema electoral proveniente del TSE que anuló la licitación para la actualización del Padrón Biométrico, que, por denuncias, se pretendía adjudicar a la firma HDA subsidiaria de NEC, firma que en 2009 instaló el software a la entonces Corte Nacional Electoral, soporte que se usó en elecciones nacionales y judiciales en los últimos 14 años, incluido el 21F y el fraude en 2019.
Ahora bien, ante un comprobado sistema electoral pútrido, sobre el que la clase política no ha efectuado acciones decisivas, -permisividad o incapacidad, al final: dejar hacer, dejar pasar- los 18 años perdidos en política y democracia, han provocado una orfandad patética de liderazgos políticos “alternativos” frente al poder omnímodo azul. No es que la Bolivia democrática exija que aparezca de la lampara del genio un “príncipe democrático” capaz de un sobresaliente “liderazgo popular”, que esté en sintonía con las expectativas de los ciudadanos y su aspiración de participar en el próximo proceso democrático del 2025, y que, además, entienda que se requiere un liderazgo que muestre capacidad o atributos para un nuevo “liderazgo gubernamental”, demostrando poder articular, en una estrategia coherente, las múltiples iniciativas de políticas públicas en un contexto cada vez más complejo con el que deberá enfrentarse pasado la era post MAS. Se requiere un liderazgo que aparte de prometer a los electores, cambios, al mismo tiempo, demuestre capacidad para dirigir al Ejecutivo garantizando seguridad, estabilidad, paz social y justicia proba. Esto significa, que debe tener un pie en el desorden de la discontinuidad que heredará y, otro, en el orden de la continuidad democrática por (re)construir. Esto dice que la democracia necesita líderes para darles voz a los cambios democráticos, pero también necesita líderes para proyectarlos, según sus propuestas con reciedumbre y rodeado de políticos no reciclados ni eternos, no espurios, sino, probos y realmente políticos, rumbo al 2025.
Posibles candidatos sobrevivientes -aún en libertad-, no presentan diferencias sustanciales: aparte de tres detenidos, otro consumido -escribiendo sus crónicas?-; un otro sin perfil presidenciable -ex cementero- ha posteado intentar ser aspirante; un tercero ex vice alejado de todo partido -no cree en ellos-; otros referentes potencialmente nacionales atemorizados por juicios pendientes y, aun sin mostrarse; sin embargo que ya, un “heredero del entronque histórico” y de aquello de “errores y no delitos” -teniendo la sombra de un puente inacabado, una ciudad inteligente y un mástil millonario- anda piando por ahí. Entonces, que posibilidades existe para encontrar un liderazgo “nuevo”, capaz de convertirse en punta de lanza electoral: pura incertidumbre, cuando se requiere, un liderazgo con fortalezas de carácter y personalidad. El ciudadano quiere Libertad, y en nombre de ella, Desarrollo con Justicia. La dictadura debe ser proscrita por una acción democrática nacional. La resistencia de las regiones ha sido debilitada, continúan citaciones a ciudadanos cívicos y otros, por ello es imperativo encontrar nuevas fortalezas sociales y políticas. Se reconoce del agotamiento producto del desgaste provocado por la persecución y la judicialización de la política; La ruta para encontrar y accionar un liderazgo alternativo es urgente. En este contexto, cuanta falta hace una cumbre política nacional democrática, para seleccionar líderes que representarán al ciudadano y no a un partido o, a ellos mismos, el soberano confiará en él o ellos, si es que cumplen algunos requisitos como: conocer la realidad de las necesidades del pueblo y sus soluciones, el pueblo no votará por slogans. Se necesita referentes con escuela política, no quienes compran su candidatura, sino -ejemplo- tal como hizo “el compadre” Palenque: tenía discurso político para un muy importante sector, asumió la cuestión cultural como pivote político, tomó lo endógeno y hacia obra social: la gente lo quería, era SU Líder; al igual que Marcelo Quiroga Santa Cruz. Algún titular o suplente actual, que querrá ir otra vez a algún curul nacional o local, ha construido una imagen semejante.? Much@s no soportarían un escaneado a su trabajo político desde que asumieron curul: la gente se olvidó de ell@s: resultaron un fiasco, un timo, un vergonzoso fraude. Aparte de este tema, la “clase política democrática”, también, debe pensar en reformas a la Ley del Régimen Electoral y la Ley de Partidos Políticos, para corregir entuertos que limitan el accionar político: temas inexistentes en sus agendas, lastimosamente.
