El ministro de Obras Públicas enfrenta una denuncia penal junto a la primera dama, María Elena Urquidi, por presunto tráfico de influencias, beneficios en razón del cargo y nombramientos ilegales. Cuestionó la obtención de las grabaciones atribuidas a Fernando Cerimedo.
REDACCION CENTRAL/EL PERIÓDICO/06-11-2026.- El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Mauricio Zamora, descartó la posibilidad de abandonar Bolivia tras conocerse la denuncia penal presentada en su contra y contra la primera dama, María Elena Urquidi, por presuntas irregularidades vinculadas a conversaciones atribuidas al exasesor político argentino Fernando Cerimedo.La autoridad aseguró que permanecerá en el país y que atenderá cualquier convocatoria del Ministerio Público para prestar declaraciones. También manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones y ejercer su defensa por las vías legales, al tiempo de recordar que desde hace una década enfrenta procesos judiciales que considera parte de una persecución en su contra.Sin embargo, Zamora puso en cuestión las circunstancias en las que fueron obtenidas las grabaciones y llamó la atención sobre el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, referido a la exclusión probatoria. Con ello, introdujo dudas sobre la legalidad de los procedimientos utilizados para conseguir los registros que ahora forman parte de la denuncia.La acción penal fue formalizada el miércoles por el abogado Guido Calcina ante la Fiscalía Departamental de La Paz. La demanda alcanza también a Urquidi y plantea investigar tres presuntos delitos: tráfico de influencias, beneficios en razón del cargo y nombramientos ilegales, sobre la base de trece grabaciones difundidas por Cerimedo.Como parte de las diligencias solicitadas, el denunciante anunció que pedirá peritajes especializados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para examinar la autenticidad de los archivos, además de requerimientos a las empresas telefónicas para establecer registros de llamadas y comunicaciones entre los involucrados.El caso ha adquirido mayor dimensión política por las referencias que contienen las grabaciones a supuestas gestiones, designaciones y decisiones relacionadas con instituciones y empresas estatales. Incluso el presidente Rodrigo Paz había planteado anteriormente la necesidad de esclarecer quién produce o filtra estos registros.La controversia abre ahora un nuevo frente para el Ejecutivo, que deberá afrontar el esclarecimiento de las denuncias sin interferencias y con garantías para todas las partes. La autenticidad de las conversaciones, su contexto y la eventual existencia de responsabilidades penales deberán ser establecidos por la investigación fiscal.El ministro de Obras Públicas enfrenta una denuncia penal junto a la primera dama, María Elena Urquidi, por presunto tráfico de influencias, beneficios en razón del cargo y nombramientos ilegales. Cuestionó la obtención de las grabaciones atribuidas a Fernando Cerimedo.
REDACCION CENTRAL/EL PERIÓDICO/06-11-2026.- El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Mauricio Zamora, descartó la posibilidad de abandonar Bolivia tras conocerse la denuncia penal presentada en su contra y contra la primera dama, María Elena Urquidi, por presuntas irregularidades vinculadas a conversaciones atribuidas al exasesor político argentino Fernando Cerimedo.
La autoridad aseguró que permanecerá en el país y que atenderá cualquier convocatoria del Ministerio Público para prestar declaraciones. También manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones y ejercer su defensa por las vías legales, al tiempo de recordar que desde hace una década enfrenta procesos judiciales que considera parte de una persecución en su contra.
Sin embargo, Zamora puso en cuestión las circunstancias en las que fueron obtenidas las grabaciones y llamó la atención sobre el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, referido a la exclusión probatoria. Con ello, introdujo dudas sobre la legalidad de los procedimientos utilizados para conseguir los registros que ahora forman parte de la denuncia.
La acción penal fue formalizada el miércoles por el abogado Guido Calcina ante la Fiscalía Departamental de La Paz. La demanda alcanza también a Urquidi y plantea investigar tres presuntos delitos: tráfico de influencias, beneficios en razón del cargo y nombramientos ilegales, sobre la base de trece grabaciones difundidas por Cerimedo.
Como parte de las diligencias solicitadas, el denunciante anunció que pedirá peritajes especializados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para examinar la autenticidad de los archivos, además de requerimientos a las empresas telefónicas para establecer registros de llamadas y comunicaciones entre los involucrados.
El caso ha adquirido mayor dimensión política por las referencias que contienen las grabaciones a supuestas gestiones, designaciones y decisiones relacionadas con instituciones y empresas estatales. Incluso el presidente Rodrigo Paz había planteado anteriormente la necesidad de esclarecer quién produce o filtra estos registros.
La controversia abre ahora un nuevo frente para el Ejecutivo, que deberá afrontar el esclarecimiento de las denuncias sin interferencias y con garantías para todas las partes. La autenticidad de las conversaciones, su contexto y la eventual existencia de responsabilidades penales deberán ser establecidos por la investigación fiscal.