La profunda crisis económica que atraviesa Bolivia obliga a debatir una política tributaria que reduzca la presión sobre las familias, los trabajadores y los pequeños emprendimientos. Aliviar la carga impositiva puede convertirse en un instrumento de reactivación, siempre que exista responsabilidad fiscal y una estrategia clara de compensación.
Bolivia necesita discutir seriamente una disminución de impuestos como parte de las medidas destinadas a enfrentar la crisis económica que golpea a la población. Cuando el costo de los alimentos, el transporte y los servicios aumenta, mientras los ingresos familiares pierden capacidad adquisitiva, el Estado no puede limitarse a observar cómo se deteriora la economía popular. También debe revisar cuánto y cómo recauda.Una reducción tributaria bien diseñada podría representar un alivio para miles de familias y unidades productivas.
Disminuir determinados impuestos al consumo, revisar las cargas que pesan sobre los pequeños negocios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias permitiría liberar recursos para el consumo, la inversión y la generación de empleo.Sin embargo, no se trata de proponer una rebaja generalizada e indiscriminada que termine debilitando aún más las finanzas públicas. Bolivia necesita recursos para sostener la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y los servicios esenciales.
Reducir ingresos fiscales sin una estrategia compensatoria podría trasladar el problema a otro escenario y profundizar el desequilibrio económico.La discusión debe concentrarse en quiénes necesitan realmente un alivio. No es lo mismo reducir la presión tributaria sobre un pequeño comerciante, un emprendedor o una familia de ingresos modestos que conceder beneficios indiscriminados a grandes empresas con capacidad económica suficiente para cumplir sus obligaciones.También corresponde revisar el gasto público, combatir la evasión, eliminar privilegios injustificados y simplificar un sistema tributario que muchas veces desalienta la formalización y castiga a quienes intentan producir y crecer.
El Gobierno tiene ante sí la posibilidad de abrir un debate nacional sobre una reforma tributaria que acompañe las necesidades de la población y contribuya a recuperar la actividad económica. No basta con exigir sacrificios a los ciudadanos mientras el aparato estatal mantiene intactas sus estructuras de gasto.En tiempos de crisis, la política fiscal debe tener sensibilidad social. El objetivo no puede ser solamente recaudar más, sino conseguir que la economía vuelva a moverse, que las familias recuperen capacidad de compra y que producir, invertir y generar empleo vuelva a ser una actividad viable.
Una Bolivia con menos presión tributaria para quienes menos tienen, pero con mayor eficiencia en el gasto y una recaudación más justa, merece entrar en la agenda económica nacional.
