Bolivia vive hoy atrapada en la lógica electoral. La atención mediática y política está enfocada en la segunda vuelta, en las estrategias de los candidatos y en el pulso de las encuestas que, a estas alturas, parecen más protagonistas que las propuestas de fondo. Sin embargo, mientras los reflectores se posan sobre la contienda, el país real —ese de la inflación creciente, la escasez de dólares, el desempleo y la parálisis productiva— sigue demandando respuestas inmediatas.
La democracia no se agota en las urnas, ni en el resultado de una elección. Las recientes votaciones definieron ya a los nuevos representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Es allí donde debería comenzar a gestarse una agenda mínima de consenso, más allá de las rivalidades políticas, para encarar con urgencia la crisis económica que golpea los bolsillos de los bolivianos.
La segunda vuelta presidencial será, sin duda, un hito político. Pero el país no puede permitirse esperar a que un nuevo gobierno asuma para recién empezar a discutir las medidas estructurales. La Asamblea entrante tiene en sus manos la posibilidad —y la obligación— de anticiparse. No se trata de sustituir al Ejecutivo, sino de dar señales claras de responsabilidad: trabajar en leyes que reactiven el aparato productivo, que generen incentivos a la inversión, que fortalezcan la transparencia fiscal y que aseguren la sostenibilidad de los recursos naturales.
La falta de dólares, la caída de las reservas internacionales, la contracción de sectores clave como el gas y la agricultura, así como el déficit fiscal persistente, no son problemas que admitan postergaciones. Son síntomas de un modelo agotado que necesita ajustes profundos. Si las bancadas electas insisten en reproducir la lógica del bloqueo político, el costo lo pagarán los ciudadanos que cada día enfrentan más dificultades para llegar a fin de mes.
Bolivia no necesita un Parlamento rehén de las disputas entre oficialismo y oposición, sino una Asamblea que esté a la altura del momento histórico. El país demanda consensos básicos, que garanticen estabilidad y ofrezcan certidumbre a productores, empresarios, trabajadores y familias.
La democracia madura cuando sus instituciones entienden que la política es, sobre todo, el arte de resolver problemas comunes. Por eso, este es el momento de responsabilidad. A las bancadas electas les toca demostrar que están a la altura de la crisis.