Este viernes, 10 de enero, marca el inicio de la tercera protesta organizada por el movimiento evista en un contexto de descontento creciente hacia el gobierno de Luis Arce. A pesar de que su líder, Evo Morales, continúa en el Chapare, la movilización, que ha sido denominada «Marcha por la Vida», busca llamar la atención sobre la crisis económica que afecta a Bolivia. Los organizadores planean una caminata que se extenderá por cuatro días, con la meta de llegar a la sede de Gobierno en La Paz el 13 de enero, realizando paradas estratégicas en localidades como Ayo Ayo, Calamarca y Achica Arriba.
Desde el inicio de estas movilizaciones, los evistas han dejado claro que su intención es manifestar de manera pacífica, algo que ha sido reiterado por el senador Leonardo Loza, una figura prominente del ala radical del MAS, que ha confirmado que la marcha comenzará a las 08:00 desde el municipio de Patacamaya. A pesar de los intentos por mantener el carácter pacífico de la protesta, las tensiones han comenzado a escalar, especialmente por el pronunciamiento de diversas autoridades que ven en estas movilizaciones un potencial para desencadenar desestabilización económica y social.
Vicente Choque, dirigente campesino que también se alinea con Morales, ha afirmado que los motivos detrás de la marcha son profundos y abarcan la creciente crisis económica que está cobrando fuerza en el país. Choque ha expresado el malestar que sienten los ciudadanos frente al aumento en los precios de la canasta familiar, así como la escasez de suministros básicos, como el combustible, lo que ha llevado a largas filas en las estaciones de servicio, un fenómeno que muchos bolivianos no habían experimentado en años. En su crítica, ha destacado que durante la administración de Evo Morales, el país disfrutó de un período de estabilidad y crecimiento económico.
La creciente inflación, que se estima en más del 9% al cierre de 2024, se ha convertido en un punto focal de la protesta. Los organizadores exigen respuestas y soluciones inmediatas por parte del gobierno, que se encuentran en un dilema: lidiar con las demandas de movilizaciones constantes o abordar las preocupaciones que han llevado a la ciudadanía a las calles. Estos reclamos no son nuevos; en septiembre del año pasado, los evistas ya habían realizado una marcha con similares demandas, que culminó con la llegada a La Paz el 23 de septiembre. Posteriormente, en octubre, se llevaron a cabo bloqueos de caminos, especialmente en Cochabamba, complicando aún más la situación económica.
El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, del ala oficialista del MAS, ha criticado la intención de los evistas de realizar esta nueva marcha, advirtiendo que las protestas podrían llevar a un incremento de la inflación y a un desabastecimiento en los mercados. Yujra ha enfatizado que las movilizaciones pasadas ya han tenido un impacto notable en la economía, siendo responsables de casi la mitad de la inflación registrada durante el año anterior. A su juicio, la nueva marcha podría agudizar estos problemas, generando un círculo vicioso de protestas-economía que afectaría a las familias bolivianas.
A medida que se acerca la fecha de la marcha, la tensión en el país se incrementa, y se observa un clima de incertidumbre en torno a cómo responderá el gobierno a las demandas que plantean los evistas. La movilización, que promete ser masiva, está generando expectativas, no solo entre los simpatizantes de Morales, sino también entre aquellos que ven en ella una oportunidad para manifestar su descontento con la situación actual. Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura de que la estabilidad económica es una prioridad y busca desincentivar cualquier tipo de desorden que pueda poner en riesgo la paz social. Todo indica que la «Marcha por la Vida» será un evento crucial en el pulso entre el gobierno de Luis Arce y el movimiento evista, cuya repercusión podría extenderse más allá de las calles de La Paz.