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LOS NOSOTROS Y LA JUSTICIA



Como exmiembro de la clase media aspiracional, pasé mi infancia y parte de mi juventud en un barrio medianamente acomodado de la Ciudad de Buenos Aires. Fui a un colegio privado confesional y me crié en un ambiente donde el paradigma era creer en Dios.

Blanco, medio rubión, hijo de maestra y de un mediano empresario, el catolicismo se planteaba casi como el marco ideal para la movilidad social ascendente. Aprendí a creer en Dios, en las Sagradas Escrituras y un poco, tampoco tanto, en los hombres, a partir de un fuerte planteo autocrítico y un libre albedrío basado en la más amplia libertad.

Sin abrazar la causa justicialista, no puedo dejar de reconocer que el político más audaz, funcional, inteligente y capaz de defender la causa que le toque, aunque alguna vez su conducta no me haya gustado en absoluto, es Aníbal Fernández, contador y abogado, para más datos.

Siendo Senador Nacional, sufrió un robo y, en un reportaje posterior, soltó al aire, un poco enojado: «No me tomen por boludo, soy un hombre grande y no me gusta». Esto sucedió en 2014.

Algo más de diez años atrás había nacido una campaña en redes sociales impulsada por un grupo de profesionales y creadores digitales que estableció el 27 de junio como el «Día del Boludo», una iniciativa que continúa vigente y que busca quitarle a la palabra ese halo insultante de otrora.

Hoy, el exjefe de Gabinete presentó ante la Justicia las respuestas que le habían sido solicitadas para explicar la evolución de su patrimonio. Su defensa sostuvo que buena parte de los fondos provenía de operaciones realizadas antes de su ingreso a la función pública. Y no pude evitar recordar al doctor y contador Aníbal Fernández repitiendo su frase de hace doce años.

Existe la posibilidad que todos los extremos resulten valederos: que el Fiscal y el Juez entiendan que las explicaciones son absolutamente claras y creíbles, se den por ciertas, se caiga la causa y «taza, taza, cada uno para su casa».

Que el contratista que declaró bajo juramento haya inflado el presupuesto, vaya a saber Dios con qué finalidad y haya inventado gastos de equipamiento para el departamento que nunca existieron; y que el hijo de una de las exdueñas haya ejecutado a su cargo y costo reformas en el lugar que, si bien fueron gratuitas para el exfuncionario, pretendió sumar para obtener un beneficio que no correspondía.

Todo puede ser.

Pero en mi caso, como católico comprometido, sólo creo en Dios, en la Virgen María y en los Santos. Me reservo el derecho de creer en la presentación hecha por la defensa.

Como no soy pariente, ni amigo, ni enemigo, ni acreedor, ni deudor, me asumo con la libertad de creer en lo que mi conciencia me dicte y esperar que la situación se aclare del modo que sea y a la mayor brevedad, porque un juicio eterno no le hace bien a nadie.

Aclarado este punto, en el cual tengo la sensación que la mayoría del pueblo ya tiene opinión formada, es importante destacar algo insólito: la velocidad exprés de este caso, mientras otros corren con una suerte milagrosamente distinta.

Ni hablar de Sueños Compartidos, por citar sólo un ejemplo. O pensemos en el AFA Gate y la casona en Pilar que, tras meses de haber salido a la luz, todavía genera interrogantes sobre sus propietarios, el origen de los fondos utilizados para adquirirla y hasta sobre los caballos, si es que los había. Mientras tanto, la causa continúa atravesada por cuestiones de competencia y demoras judiciales.

El descrédito de la Justicia no es un hecho aislado patrocinado por un grupo antisistema y financiado por un gobierno extranjero: se alimenta de sindicalistas multimillonarios con obras sociales fundidas, dirigencias que ganan miserias pero viven como reyes y juicios laborales eternizados.

La gran mayoría de las cosas que nos pasan como sociedad, a LOS NOSOTROS, no son el fruto de nuestros propios merecimientos, aunque esto colisione con la célebre frase atribuida a Joseph de Maistre: «Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen».

La sociedad, el pueblo, LOS NOSOTROS, muchas veces no somos merecedores de quienes guían nuestros destinos. Nadie en su sano juicio manda a sus hijos a la escuela para que los adoctrinen, ni vota para que cometan actos de corrupción, ni elige a un médico para que le pifie al diagnóstico.

Va siendo hora de que cada uno asuma sus responsabilidades y se termine, de una vez, con el garantismo abolicionista, no sólo en el derecho penal, sino también en el pensamiento generalizado de la casta, para quienes parece existir una zona liberada e ilimitada.



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