No se les permitió comprar anuncios en televisión, radio, vallas publicitarias ni en internet. México les prohibió recibir financiación pública o contribuciones para sus campañas. Fue difícil, si no imposible, organizar debates nacionales.
Así que, en gran medida, a los candidatos a jueces de todo México les quedaban las redes sociales.
En un video muy difundido, un candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentó que estaba más preparado que un chicharrón. Otra candidata a la Suprema Corte se hizo llamar Dora, la transformadora, un guiño al personaje de dibujos animados Dora, la exploradora. Otro candidato a la Suprema Corte utilizó aplicaciones de citas para que, según sus palabras, los posibles votantes pudieran hacer “match” con la justicia y luego conversar sobre sus propuestas.
Los límites estrictos de la campaña, en contraste con las normas tradicionales para las elecciones presidenciales o al Congreso, forman parte de las primeras elecciones judiciales de México, que se celebrarán el domingo. Los votantes elegirán a alrededor de 2700 cargos judiciales federales y estatales en todos los niveles de los tribunales, con escaños federales, como los de la Suprema Corte, elegidos a nivel nacional y una multitud de funcionarios electos a nivel local.
En otras elecciones, los partidos políticos pueden financiar las campañas de sus candidatos. Pero para estas elecciones, el partido gobernante dice que quería preservar cierta paridad entre los candidatos y limitar la influencia exterior en las campañas.
Así pues, los aspirantes a jueces han tenido que utilizar su propio dinero, con límites de gasto específicos, lo que ha generado esfuerzos de marketing caseros, exagerados y a veces cómicos en las redes sociales para atraer la atención.
“No somos gente conocida y teníamos que hacer algo que nos distinga”, dijo Carlos Odriozola Mariscal, de 54 años, abogado de larga trayectoria que fundó una organización sin fines de lucro de derechos humanos y cuya campaña para la Suprema Corte empezó utilizando aplicaciones de citas para llegar a los votantes.
Las normas y las campañas en línea han suscitado críticas, incluso por parte de figuras de la oposición, analistas jurídicos y algunos de los mismos candidatos. Han argumentado que los candidatos con experiencia política y mejores recursos tienen ventajas a la hora de autofinanciar sus campañas, y que las elecciones podrían hacer que cuestiones de justicia importantes y complejas quedaran sujetas al capricho de internet.