Mgr. Fátima Lourdes Caba Centellas
El anteproyecto de Ley de Educación "Libertad y Excelencia Educativa de Bolivia" reafirma principios irrenunciables: la educación como responsabilidad del Estado, la gratuidad y el acceso sin discriminación. Sin embargo, al abrogarse la Ley 070 "Avelino Siñani-Elizardo Pérez", se diluyen los propósitos más profundos que hicieron de la educación boliviana una herramienta de transformación social.
La Ley 070 definía la educación como descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y despatriarcalizadora. El anteproyecto reemplaza esos horizontes por un enfoque en "excelencia, mérito y competitividad". Esos términos suenan neutros, pero no lo son: desplazan el eje de la transformación colectiva hacia el rendimiento individual. La educación deja de presentarse como camino hacia la liberación y se propone como vía de ascenso personal. Se pierde la fuerza emancipadora que cuestionaba las estructuras de dominación heredadas de la colonia y el neoliberalismo.
También preocupa la equiparación entre instituciones fiscales, privadas y de convenio. Al concederles "igualdad de reconocimiento", se debilita la prioridad que debe tener lo público. La educación no puede tratarse como un mercado donde cada quien pague según su capacidad; el derecho a la educación debe garantizarse en igualdad y equidad de condiciones, sin que la capacidad de pago determine la calidad recibida.
Otra tensión central es el debilitamiento de la participación popular. El Consejo Nacional de Educación se limita a funciones consultivas, sin poder decisorio. Las organizaciones sociales, el magisterio y los pueblos indígenas pasan de ser protagonistas a simples observadores. Asimismo, desaparece el horizonte del "Vivir Bien" y el vínculo comunitario entre educación y producción, cediendo terreno a una lógica de competencia y estándares internacionales que poco dialogan con nuestra realidad y nuestras necesidades.
Resulta igualmente preocupante la redacción del Artículo 93, al referirse a la "incorporación de profesionales de la educación al sistema educativo". Cabe preguntarse: ¿acaso no son las maestras y maestros formados en las ESFM quienes son los verdaderos profesionales de la educación? al hablar de mecanismos "meritocráticos" en términos vagos y generales para la incorporación de profesionales de la educación al sistema educativo, se abre la puerta a que cualquier profesional, sin formación pedagógica ni vocación docente, pueda incorporarse al sistema, desplazando a quienes por años se han preparado específicamente para enseñar. ¿Por qué se redacta de manera tan imprecisa? ¿Se pretende cambiar las reglas sin decirlo abiertamente?
El anteproyecto protege la estructura pública, pero renuncia a su espíritu transformador. Mantiene el derecho a educarse, pero calla sobre para qué y en beneficio de quién. Garantizar acceso y calidad es necesario, pero no suficiente: una educación que no combate la desigualdad, la herencia colonial y la dominación patriarcal termina consolidando el orden existente. No basta con que todos aprendan; es indispensable que aprendan a transformar la realidad y a construir un país donde la riqueza y el saber sean bienes de todos, no privilegios de unos pocos.
