El Valle Central de Tarija, cuna de viñedos, vinos y singanis de renombre, se encuentra bajo una amenaza que, de no ser frenada a tiempo, puede comprometer no solo la seguridad jurídica de la tierra, sino también el futuro productivo y ambiental de la región: los loteamientos y avasallamientos ilegales.
El problema, que en apariencia se reduce a disputas entre particulares, en realidad encierra un entramado complejo que involucra redes organizadas, especulación inmobiliaria, vacíos legales, permisividad de las autoridades y, en muchos casos, complicidad silenciosa. No se trata únicamente de tierras fiscales, sino también de propiedades privadas, áreas destinadas a la producción agrícola y reservas naturales, todas víctimas de una práctica que erosiona la confianza en el Estado y la institucionalidad.
¿Qué hacer frente a esta situación?
La respuesta exige medidas firmes, coordinadas y sostenidas. En primer lugar, es imprescindible fortalecer el catastro municipal, según corresponda, con registros actualizados, transparentes y digitalizados, que impidan la proliferación de títulos superpuestos o falsificados. La tecnología debe convertirse en una herramienta para garantizar certeza jurídica.
Se necesita un pacto institucional entre la Gobernación, los municipios y el Gobierno central, que priorice la defensa de la propiedad y el uso planificado del suelo. La dispersión de competencias solo favorece a los loteadores, que aprovechan la falta de coordinación para asentarse en tierras ajenas.
A la par, es urgente una respuesta judicial y policial efectiva. Los procesos por avasallamiento suelen dilatarse por años, mientras las construcciones avanzan y los daños se vuelven irreversibles. La Fiscalía y los jueces deben actuar con celeridad, aplicando la ley sin contemplaciones, y la Policía debe tener la capacidad de intervenir de inmediato cuando se detecten usurpaciones.
La sociedad civil también tiene un rol. Los comités vecinales, sindicatos campesinos y organizaciones de productores deben denunciar y no ser parte de este círculo vicioso. La tolerancia social frente a los loteamientos ilegales, bajo el argumento de la necesidad de vivienda, no puede estar por encima de la ley ni de la sostenibilidad del valle.
Tarija no puede darse el lujo de perder su riqueza agrícola y su paisaje natural por la acción de grupos que, amparados en la impunidad, convierten la tierra en botín.