Bolivia enfrenta uno de los desafíos económicos más urgentes y estructurales de los últimos años: la escasez de carburantes y la pesada carga que representa la subvención estatal al precio de la gasolina y el diésel. El nuevo gobierno que asuma el poder no podrá eludir esta realidad. Tendrá que tomar decisiones firmes, técnicas y políticamente valientes para encaminar al país hacia un modelo energético sostenible, sin provocar un impacto social descontrolado.
Durante más de una década, la subvención a los hidrocarburos ha funcionado como una válvula de contención social. Ha permitido mantener precios estables en el transporte, los alimentos y los servicios básicos. Sin embargo, el costo fiscal de esa política se ha vuelto insostenible. En un contexto de menor producción interna, crecientes importaciones y precios internacionales inestables, Bolivia gasta miles de millones de dólares anuales en mantener artificialmente bajos los precios de los carburantes. Ese dinero, que podría invertirse en salud, educación o desarrollo productivo, se disuelve en una medida que ya no cumple su propósito de equidad, sino que subsidia el contrabando, la ineficiencia y el despilfarro energético.
El nuevo gobierno debe encarar el problema con una visión integral. No basta con pensar en un ajuste de precios, que en solitario podría generar un estallido social. Es necesario diseñar una transición gradual, transparente y acompañada de políticas compensatorias. Se debe proteger a los sectores más vulnerables mediante bonos de transporte, incentivos al uso de energías limpias y la mejora del transporte público. Pero al mismo tiempo, se debe enviar una señal clara al mercado: la era de los subsidios eternos ha terminado.
Otra tarea impostergable será recuperar la producción nacional de hidrocarburos. Bolivia no puede seguir dependiendo del diésel y la gasolina importada. Los recientes hallazgos gasíferos en el sur del país y las posibilidades de desarrollar biocombustibles e hidrógeno verde deben ser parte de una estrategia de mediano y largo plazo. La industrialización energética es clave no solo para sustituir importaciones, sino también para diversificar la matriz productiva y reducir la exposición al vaivén de los precios internacionales.
La crisis de los carburantes no es un fenómeno aislado: es el reflejo de un modelo económico agotado que depende en exceso de la subvención y la renta extractiva. Enfrentarlo con responsabilidad implica reconocer que no hay soluciones mágicas ni inmediatas. El nuevo gobierno deberá decir la verdad al país, explicarle con claridad los costos y beneficios de cada decisión, y construir un pacto nacional por la energía, donde Estado, empresarios y sociedad civil compartan los esfuerzos y los resultados.
El futuro energético de Bolivia no se resolverá con parches ni con discursos. Se resolverá con planificación, transparencia y coraje político.