Se trata de aplicar la ley nacional, aprobada el 2022, de permanencia obligatoria en el país de autoridades jerárquicas salientes, por lo menos tres meses, confirmó el exdiputado, Adrián Vega.
Redacción Central/Bolinfo/Tarija//
El Periódico-Noviembre-05-2025.- La oposición exige el cumplimiento total de la ley de “arraigo” o de permanencia obligatoria en el país, durante por lo menos tres meses, después de la conclusión de su gestión de autoridades jerárquicas del gobierno.
El diputado de oposición, Adrián Vega Gandarillas, informó que ante los anuncios de renuncia de los Ministros del Gabinete del Mandatario Luis Arce Catacora, por eso exigió desde Tarija el cumplimiento de la Ley 1352.
“Es una ley de arraigo obligatorio para altas autoridades del nivel nacional, departamental”, remarcó al precisar que la ley alcanza al Presidente, Vicepresidente, Ministros, parlamentarios, gobernaciones, alcaldes, concejales.
Las autoridades que manejaron recursos del Estado, las empresas públicas estatales, entre otras, acotó al indicar que es importante el cumplimiento de la Ley, más si hay una etapa de transición, de cambio de gobierno en Bolivia.
Lo que debe suceder hoy es que la Contraloría General del Estado, pase la lista de todas las autoridades que están dejando el cargo, a la Dirección de Migración para efectivizar el arraigo, durante por los menos tres meses.
En ese plazo, el gobierno entrante pueda sanear las oficinas y en caso de encontrar posibles hechos de corrupción o irregularidades, llamar al Ministerio Público, para que intervengan, porque es importante el control de la gestión que pasó.
“No queremos que, dejando el cargo, escapen de Bolivia y de la rendición de cuentas”, enfatizó al añadir que no quieren que haya más corrupción y peor impunidad. Es necesario aplicar la Ley de Permanencia Obligatoria incluso en autoridades de designación.
EL APUNTE
Proceder a
averiguar
De acuerdo a esta Ley, durante tres meses, las nuevas autoridades tienen que revisar los documentos que encuentran de manera que se sepa cómo se administró la cosa pública, en caso de encontrar indicios de irregularidades proceder a averiguar.
La Contraloría General tiene la posibilidad de auditar y transparentar la función y si considera necesario profundizar alguna investigación, acudir al Ministerio Público, en caso de que haya indicios contra la legislación y el control.