La creciente ola de delincuencia en el mercado Campesino y en otros centros de abasto de la ciudad de Tarija ha desbordado, una vez más, la paciencia del sector gremial, que hoy alza la voz cansado de ser víctima de robos, asaltos, agresiones y amenazas que se han vuelto parte del paisaje cotidiano. Las protestas y quejas de los comerciantes no son un simple grito momentáneo: son un llamado urgente ante un problema que se ha dejado crecer demasiado y que revela una preocupante ausencia de garantías por parte de las autoridades.
Los mercados son el corazón económico y social de la ciudad. En ellos circulan miles de personas cada día, se mueve buena parte de la economía popular y se construye el sustento de miles de familias. Sin embargo, en lugar de ser espacios seguros, hoy se han convertido en territorios donde muchos delincuentes actúan con total impunidad. Mientras los comerciantes intentan proteger sus puestos y mercancías, también deben proteger su integridad física ante la amenaza constante de grupos delictivos, microtraficantes y antisociales que pululan sin control.
La responsabilidad recae en las instituciones llamadas por ley a garantizar el orden. La Policía, la Alcaldía y las instancias de seguridad ciudadana parecen actuar solo después de que el daño está hecho. Las operativos son esporádicos, las estrategias son improvisadas y la presencia institucional desaparece apenas se apagan los reclamos. Esta falta de continuidad y firmeza ha erosionado la confianza del sector gremial, que se siente abandonado y expuesto.
Es inaceptable que la seguridad de los mercados dependa del azar o de esfuerzos aislados. Tarija necesita una política integral que incluya vigilancia permanente, sistemas de cámaras funcionales, patrullajes constantes, recuperación de espacios públicos y sanciones efectivas para quienes utilizan estos lugares como guarida. No se trata de militarizar los mercados, sino de devolverles la dignidad y tranquilidad que merecen quienes trabajan allí.