Cada vez que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia o agresión sexual, no solo se comete un crimen atroz: se produce un fracaso colectivo. Y lo más grave es que, en nuestro país, este fracaso se repite con una frecuencia escalofriante. ¿Cuántas veces más tendremos que leer titulares sobre casos aberrantes para que las autoridades reaccionen con la firmeza que la situación exige?
No estamos hablando de delitos comunes. Estamos hablando de crímenes que destrozan vidas y destruyen la confianza en la sociedad. Un menor agredido sexualmente carga cicatrices invisibles que le acompañan toda la vida. Y, sin embargo, el sistema legal y judicial sigue mostrando grietas por donde los depravados se cuelan, burlándose de la ley y, peor aún, de sus víctimas.
Es inaceptable que en pleno siglo XXI sigamos teniendo leyes blandas, procesos eternos y jueces complacientes. Los depredadores sexuales de menores no merecen contemplaciones ni beneficios procesales. Quien ataca la inocencia de un niño rompe un pacto básico de humanidad y debe recibir la sanción más dura posible, sin rebajas ni excusas.
Pero la impunidad no solo se alimenta de leyes débiles: también de la negligencia institucional. Fiscales que minimizan denuncias, policías que tardan en actuar, autoridades educativas que prefieren “evitar el escándalo” antes que proteger al menor… Esa complicidad pasiva es tan criminal como el acto mismo. Un país que permite que un agresor sexual camine libre entre nosotros es un país que traiciona a sus hijos.
Exigimos sistemas legales blindados, penas ejemplares y protocolos rápidos que garanticen que cada denuncia sea atendida de inmediato. Exigimos que se acabe la cultura de la protección al victimario y el silencio sobre la víctima. Y exigimos, también, educación integral para prevenir estos delitos desde la raíz, para que los menores conozcan sus derechos y tengan las herramientas para defenderse.
La infancia no se negocia. No hay matices posibles. O estás del lado de la protección absoluta, o estás del lado de la barbarie. Y quienes ocupan cargos públicos, desde el legislador hasta el maestro, deben tener claro que cualquier omisión o negligencia los convierte en cómplices.
Ya basta de discursos vacíos. Queremos acciones, leyes duras y sentencias que no dejen dudas: en este país, quien toque a un niño, pagará con todo el peso de la justicia.