Asambleístas del MAS afirman estar presionados por sectores sociales que piden proyectos, mientras que Unidos respalda la postura de la Gobernación, que priorizó el pago de deudas, desarrollo productivo y programas
Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija
(elPeriódico-Agosto, 27/2022) Mientras la Gobernación se prepara para presentar el Plan Operativo Anual (POA) del 2023 para su aprobación, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) lleva adelante su propio proceso de diálogo con sectores sociales que piden proyectos e inversión pública en las distintas provincias.
Este viernes, asambleístas departamentales por el Movimiento Al Socialismo (MAS), se reunieron con subcentrales campesinas que, en compañía de la presidente de la Brigada Parlamentaria, Natividad Aramayo, conminaron a las bancadas a generar una reunión para dar respuesta a un pliego petitorio.
“Nos han hecho llegar un requerimiento sobre cuál es la situación del puente vehicular Campanario – Pueblo Nuevo, ejecución del proyecto de gas domiciliario que está en espera hace varias gestiones, en el tema productivo la ejecución de la segunda fase de la Presa El Molino y también atención de desastres naturales, que les afectan en cualquier momento y no hay normativas que garanticen recursos para atender eso”, manifestó la asambleísta por el MAS, Juanita Miranda.
Enfatizó que estos acercamientos surgen por mandato de las bases campesinas que, a través de ampliados, están articulando con mayor precisión sus peticiones hacia el Gobierno Departamental.
Refirió que también hay un pedido para que la Gobernación incluya en el POA un presupuesto de reforestación.
En contraste, la bancada de Unidos manifestó su apoyo a la planificación desarrollada por el Ejecutivo, que plantea destinar el 15% de su presupuesto de regalías a gastos de funcionamiento, 35% para el pago de deudas, salud el 12%, Prosol 8% y así sucesivamente.
ElAPUNTE
Asamblea Departamental costará Bs 20 millones
Según el informe del gobernador, Oscar Montes, la Asamblea Departamental de Tarija tendrá un presupuesto de aproximadamente Bs 20 millones para el 2023 y, a pesar de que existe una propuesta para reducir curules, asesores y por ende el gasto institucional, esto recién podría aplicarse a partir del año 2026 si prospera la iniciativa, puesto que el ajuste no podría ser retroactivo y alejar de su cargo a autoridades que fueron electas el 2021.
