La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia dos dos ex trabajadoras presentada contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y trata de personas. Argumenta que los hechos no se cometieron en España y que ni denunciantes ni denunciado residen aquí por tanto no es competente. Igualmente, las dos mujeres podrá acudir a los juzgados correspondientes, en el lugar de los hechos.
El ministerio público alega “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.
Dos extrabajadoras del cantante, de nacionalidad brasileña y colombiana, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por la presunta comisión de los delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, vejaciones, malos tratos de obra e incumplimiento de deberes laborales, correspondientes a los tipos penales.
Según el decreto de archivo, la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español, concretamente en la República Dominicana y las Bahamas.
Además, las personas denunciadas, ni residen en España ni mantiene en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tengas propiedades inmobiliarias.
La justicia española no puede investigar estos hechos, según el fiscal, porque las denunciantes no tienen nacionalidad española ni residen en España, ni viajaron con el denunciado en algún momento a España, “careciendo por completo de vínculo personal o territorial con nuestro país”.
Asimismo, no consta que ninguno de los denunciados se encuentre actualmente en territorio español ni que haya sido objeto de una solicitud de extradición. “No existe constancia de que las autoridades de los países donde se habrían cometido los hechos hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo”, añade.
La reforma de la ley que recogía la jurisdicción universal limitaba poder investigar hechos fuera de España. La Audiencia Nacional ha reiterado en múltiples resoluciones que España solo interviene si el Estado directamente competente no puede o no quiere investigar y así se acredita. La Fiscalía sostiene que la jurisdicción universal española es “residual y tasada”. “El criterio decisivo es la existencia de vínculo relevante con España, que en este caso no existe”, añade.
Las extrabajadoras de las residencias de Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas) denunciantes acusan a Iglesias de agresiones sexuales reiteradas, tocamientos no consentidos y un clima de control y humillaciones que describen como “la casita del terror”.
FUENTE LA VANGUARDIA