Después de 30 meses consecutivos sin lluvia, los residentes de San Francisco de Conchos en el norteño estado de Chihuahua, México, se reúnen para rezar por la intervención divina.
A las orillas del lago Toronto, un embalse detrás de la presa más importante del estado, llamado La Boquilla, un sacerdote lidera las oraciones de granjeros a caballo y sus familias, parados sobre un suelo rocoso que solía ser parte del lecho del lago antes de que las aguas bajaran a los niveles críticos actuales.
Entre aquellos que rezan con sus cabezas agachadas está Rafael Betance, quien ha monitoreado La Boquilla de manera voluntaria para las autoridades de suministro de agua durante 35 años.
“Todo esto debería estar bajo agua”, expresa, señalando una extensión reseca con rocas blancas expuestas. “La última vez que la presa estuvo llena y se desbordó un poco fue en 2017”, recuerda Betance. “Desde entonces, ha bajado año tras año”. “Actualmente estamos a 26,52 metros por debajo del punto máximo del agua, menos de 14% de su capacidad total”, indica.
No sorprende que la comunidad local esté rogando a los cielos por agua. Aún así, pocos esperan que haya una tregua en la devastadora sequía y el sofocante calor de 42 °C.
Ahora, una antigua disputa con el estado de Texas sobre el escaso recurso amenaza con ponerse fea.
Según los términos de un acuerdo de uso compartido de agua de 1944, México debe enviar 430 millones de metros cúbicos de agua al año del río Bravo a EE.UU.
El agua se envía a través de un sistema de canales tributarios a unas presas compartidas que pertenecen a y son operadas por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que supervisa y regula el uso compartido del agua entre las dos naciones vecinas.
La Nación