En los pasillos de colegios, en las conversaciones con amigos o en el silencio de una habitación, un malestar profundo se ha instalado entre los adolescentes y jóvenes de Tarija. No es un fenómeno aislado ni pasajero: es una crisis silenciosa que empieza a dibujar cifras preocupantes y exige, con urgencia, respuestas concertadas desde la familia, las escuelas, los servicios de salud y las políticas públicas.
Recientes investigaciones locales muestran que seis de cada 10 estudiantes de los últimos cursos de secundaria presentan algún grado de afectación en su salud mental, incluyendo síntomas que denotan depresión y riesgo suicida, encendiendo una alarma que ya no puede ignorarse.  Otros estudios apuntan que alrededor del 40 % de adolescentes entre 14 y 18 años presentan depresión moderada a severa, con impactos que trascienden el rendimiento escolar y se adentran en el bienestar emocional y social de toda una generación. 
Más aún, análisis científicos señalan que a nivel nacional y regional la salud mental de los jóvenes ha sido un reto creciente desde la pandemia, con aumento de la ansiedad y de los trastornos afectivos en buena parte de América Latina, Bolivia incluida.  Este contexto global y local revela que no estamos ante una “moda” ni una exageración juvenil, sino frente a una realidad que —como comunidad— debemos comprender, visibilizar y enfrentar.
Una problemática con rostro familiar
La depresión en adolescentes no surge en el vacío: está entrelazada con cambios emocionales propios de la edad, presiones académicas, conflictos familiares, violencia en el entorno, maltrato y el impacto acumulado del aislamiento, la pandemia y la hiperconectividad digital. Estudios globales muestran que, incluso fuera de Bolivia, uno de cada siete adolescentes experimenta un trastorno mental, lo que subraya la magnitud del desafío. 
En Tarija, esta crisis tiene nombres propios: jóvenes que bajan su rendimiento, que muestran desgano persistente, que reducen sus interacciones sociales o que dejan de encontrar sentido a lo que hacen. Detrás de estas expresiones están vidas que sufren en silencio, muchas veces sin la comprensión necesaria de quienes los rodean.
Medidas desde la familia: el primer escudo protector
La familia es el primer entorno social del adolescente y, por tanto, su primer espacio de apoyo o de riesgo. Impulsar entornos afectivos estables, diálogos abiertos sobre emociones, escucha empática y no juzgadora, y atención temprana a cambios de conducta pueden hacer una diferencia sustancial. No se trata de minimizar el sufrimiento ni de “poner buena cara”, sino de reconocer señales de alarma como el retraimiento social, tristeza persistente, cambios en el sueño o apetito, desinterés por lo que antes gustaba o comentarios sobre no querer seguir viviendo.
Escuelas y educación como espacios protectores
Los establecimientos educativos de Tarija, donde se concentra gran parte de la población adolescente, no pueden permanecer al margen. Incorporar educación emocional en los programas escolares, formar a docentes en la detección de síntomas de angustia o depresión, y garantizar la presencia de profesionales en psicología y orientación estudiantil son pasos esenciales. Crear espacios seguros donde los jóvenes puedan hablar de sus tensiones sin estigmas es una inversión en salud pública y en cohesión social.
Salud pública y políticas integrales
La evidencia revela que muchos jóvenes que sufren angustia, depresión o ansiedad no buscan ayuda profesional —en parte por desconocimiento, vergüenza o falta de acceso a servicios especializados— lo que agrava aún más la problemática.  Por eso, los servicios de salud deben reforzar su capacidad de atención, así como diseñar campañas de prevención y sensibilización que lleguen tanto a adolescentes como a sus familias. Integrar programas de salud mental en atención primaria y garantizar la accesibilidad económica y geográfica de estos servicios son claves para cortar a tiempo trayectorias que pueden llevar a consecuencias más graves.
Un llamado a la acción colectiva
La depresión entre adolescentes y jóvenes de Tarija no es una cuestión privada: es un desafío social que reclama políticas públicas, compromiso comunitario y respuestas humanizadas. No se trata solo de tratar síntomas; es necesario construir entornos protectores, informados y dispuestos a escuchar sin prejuicios.
Si la crisis es silenciosa, nuestra respuesta también debe hablar alto: desde el hogar, desde las escuelas, desde las instituciones de salud y desde cada política pública que reconozca que la salud mental es un derecho fundamental.