El proceso electoral que vive Tarija debería ser una oportunidad para fortalecer la democracia local, ampliar el debate público y ofrecer a la ciudadanía un abanico real de opciones para decidir su futuro. Sin embargo, la reiterada inhabilitación de candidatos que no forman parte de la línea del gobierno de turno —tanto para la Alcaldía como para la Gobernación— plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cuánto bien le hace esto a la salud democrática del departamento?
En teoría, la inhabilitación de candidaturas es un mecanismo legal destinado a garantizar que quienes aspiran a un cargo público cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Nadie discute la necesidad de reglas claras ni el respeto al marco legal. El problema surge cuando estas decisiones, lejos de percibirse como actos técnicos e imparciales, comienzan a interpretarse como herramientas políticas utilizadas de manera selectiva.
Cuando los principales afectados son candidatos críticos u opositores al poder central o departamental, la sospecha se instala con rapidez. No importa cuán sólidos sean los argumentos jurídicos: en un contexto de desconfianza institucional, la percepción pública pesa tanto como la legalidad formal. Y esa percepción, hoy en Tarija, es la de un proceso electoral cada vez más restringido, donde el filtro no parece ser solo la ley, sino también la afinidad política.
Las consecuencias son profundas. La primera es el debilitamiento de la legitimidad del proceso electoral. Un escenario sin competencia real, con opciones limitadas o “depuradas”, no entusiasma al electorado; por el contrario, fomenta la apatía, el desencanto y la sensación de que el resultado está definido de antemano. La democracia no se agota en el acto de votar: requiere confianza, pluralismo y reglas que se apliquen sin sesgo.
Además, la inhabilitación recurrente de figuras con respaldo ciudadano empobrece el debate público. Tarija enfrenta desafíos estructurales —económicos, sociales e institucionales— que demandan ideas diversas y liderazgos fuertes. Excluir voces críticas no resuelve los problemas; apenas los silencia temporalmente, trasladando el conflicto del ámbito electoral al terreno de la protesta y la confrontación política.
Tampoco le hace bien al propio oficialismo. Gobernar o administrar con legitimidad exige haber ganado en una contienda abierta y competitiva. Las victorias obtenidas en escenarios cuestionados suelen arrastrar una sombra de duda que acompaña toda la gestión, debilitando la autoridad política y moral de quienes resultan electos.
Tarija necesita elecciones creíbles, inclusivas y transparentes. La aplicación estricta de la ley es indispensable, pero debe ir acompañada de criterios claros, uniformes y oportunos, que no den lugar a interpretaciones de persecución o cálculo político. De lo contrario, las inhabilitaciones, lejos de fortalecer el proceso electoral, seguirán erosionando la confianza ciudadana y profundizando la fractura entre instituciones y sociedad.
En democracia, no basta con cumplir la norma: también hay que cuidar el espíritu que la sostiene. Y ese espíritu se llama pluralismo, competencia y respeto a la voluntad popular.