Tras el trágico suceso de la mazamorra en Bajo Llojeta que conmocionó a la ciudad de La Paz, el empresario y principal accionista de la Inmobiliaria Kantutani, Luis Enrique Iturralde, se encuentra en el ojo del huracán al ser imputado formalmente por las autoridades competentes. La fiscalía ha presentado cargos en su contra y ha solicitado su encarcelamiento debido a su presunta responsabilidad en el desastre que dejó como saldo una niña fallecida y varias viviendas sepultadas bajo toneladas de barro.
El arquitecto Iturralde, quien actualmente se encuentra en Perú tras abandonar Bolivia poco después de la tragedia, está siendo sindicado por una serie de delitos graves que incluyen peligro de estrago, otros estragos, lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado. La comisión de fiscales encargada del caso ha afirmado contar con pruebas suficientes que incriminan al empresario en la planificación y ejecución de actividades que desencadenaron el fatídico deslizamiento de tierras en la zona de Bajo Llojeta.
La petición de la fiscalía para que se dicte la medida de detención preventiva por 60 días contra Iturralde se basa en la consideración de que el imputado representa un riesgo para la sociedad y que existen elementos contundentes que lo vinculan directamente con los hechos ocurridos la noche del 23 de noviembre de 2024. En esa fecha, una mazamorra repentino arrasó con más de 30 viviendas en Bajo Llojeta, cobrando la vida de una niña de tan solo cinco años que quedó atrapada bajo el lodo.
La responsabilidad del empresario en la realización de obras para la ampliación del Cementerio Jardín Los Andes ha sido señalada como uno de los factores determinantes que habrían desencadenado la tragedia. A pesar de encontrarse en Perú y haber declarado ante las autoridades bolivianas a través de una videoconferencia, Iturralde enfrenta ahora la posibilidad de ser detenido y enfrentar un proceso judicial que determinará su grado de culpabilidad en este lamentable suceso.
La comisión de fiscales a cargo de la investigación ha hecho hincapié en la existencia de pruebas objetivas que vinculan de manera directa al empresario con el deslizamiento de tierras en Bajo Llojeta, destacando la importancia de esclarecer los hechos y de procurar justicia para las víctimas y los afectados por este desastre natural provocado. La sociedad boliviana sigue atenta a los desarrollos de este caso que ha generado una profunda conmoción y que ha puesto en entredicho la responsabilidad de aquellos involucrados en la planificación y ejecución de obras de infraestructura en zonas vulnerables a desastres naturales.