Human Rights Watch (HRW) denunció “abusos a gran escala” en las cárceles de El Salvador, recogidos en una base de datos que según esa organización humanitaria se filtró desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del país centroamericano.
El documento “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción” que impera en El Salvador desde marzo de 2022, expresó Tamara Taraciuk, directora en funciones para América en HRW.
“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dijo Taraciuk.
Desde el 7 de diciembre, Perú se ha visto sacudido por protestas que han dejado 48 muertos. Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución y detención del mandatario izquierdista Pedro Castillo ese 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento.
En medio de las protestas, ahora apenas unos cien acuden los fines de semana, los dos únicos días permitidos por los manifestantes, una concesión para que los habitantes puedan sobrevivir.
«Vivimos del turismo (…) Ahora estamos en una escasez de gente. Cuando hay turismo todo nuestro pueblo trabaja mediante los hoteles, mediante los restaurantes, la agricultura se mueve», narra el «Inca».
Hoy, asegura, están en una «crisis tremenda».
«Caída libre»
La crisis está costando al país 25 millones de soles diarios (unos 6,5 millones de dólares), con una caída del 83% en la ocupación hotelera, según cifras del Ministerio de Turismo.
Abel Alberto Matto Leiva, director regional de turismo, explica que en Cuzco «75% de la población trabaja directa o indirectamente con el turismo, 900 guías de turismo, 5.000 porteadores» durante el Camino Inca a Machu Picchu.
Es «una cadena», subraya, que comprende «2.500 agencias de viajes», comida, alojamiento, transporte.
Hasta el momento, la situación ha dejado unos 20.000 desempleados «y se siguen sumando», con proyecciones de unos 120.000 para marzo, agrega.
Hoteles, restaurantes, tiendas… el panorama en la capital inca es casi desierto, pues muchos han optado por no abrir para recortar gastos.
«Estamos en caída libre y no sabemos cuándo se va a detener», considera Henry Yabar, vicepresidente de la cámara hotelera de Cuzco, que también ha cerrado su establecimiento, un hotel de tres estrellas con unas 15 habitaciones.
«Tenemos alrededor de 250 personas en Cuzco, cuando en buena temporada podemos tener 10.000», explica.
Para Yabar, la crisis política ha asestado un golpe «fatal»: «Estamos hablando de 95% de cancelaciones» y de los 12.000 hoteles y hospedajes en Cuzco «entre 25 y 30% (los más pequeños) ya han quebrado».
Espera que el Estado lance un «salvavidas», un plan de emergencia, una suspensión del pago de los préstamos contraídos durante la pandemia y aplazamientos fiscales. «Estamos esperanzados de una mejoría en julio» para «los que sobrevivan».
IPS