Gobierno Departamental sin liquidez, la justicia aún no libera los Bs 122 millones

Según el asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza, en la etapa final del año se está comprometiendo la ejecución financiera de programas y proyectos

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija
(elPeriódico-Octubre, 15/2022) A casi tres semanas de haber transferido el monto de Bs 122 millones a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), por la deuda heredada de anteriores gestiones, el Gobierno Departamental de Tarija aun no puede disponer del monto similar que la justicia congeló cumpliendo una sentencia y debía restituir una vez saldado el asunto.

Este viernes, el asambleísta departamental por Unidos, Mauricio Lea Plaza Peláez, dijo que el trámite sigue su curso en la ciudad de Sucre, empero no hay certidumbre sobre cuándo se liberará este monto.

“Lo grave es que el año ya se está acabando, la gestión pública en la práctica termina hasta mediados de diciembre y eso nos afecta notablemente, creo que este es un elemento que va a marcar una mala ejecución en el año, son 122 millones que nos colocan en una situación muy complicada, en todo caso, yo pienso que hay que asumir todas las previsiones para que, inmediatamente lleguen esos recursos se trate de ejecutar en lo que queda del año”, declaró.

La preocupación por los números finales que arrojará el 2022 en términos de inversión pública y cobertura de programas sociales, genera preocupación en los pasillos de ambos órganos pero las obligaciones salariales se cumplieron.

Gastos como las planillas que mes a mes se pagan con el Tesoro Departamental, no se cubrieron, al igual que las obligaciones económicas con los proveedores e incluso las transferencias correspondientes a los gobiernos municipales, que surgieron a partir de la ley 206, que actualmente está derogada pero en el marco de una buena relación entre ambos niveles del Estado.

elAPUNTE

Origen de la deuda

Los 122 millones, más 10 de interés según el fallo de la justicia, corresponden a las obras ejecutadas por ENDE para materializar el denominado anillo energético, que está en la mira de la Gobernación luego de que su máxima autoridad ejecutiva, Oscar Montes, anunciara que se baraja la realización de una auditoría.