Tras la decisión del presidente Rodrigo Paz de mantener vigente el Decreto 5676, el Gobierno Municipal de Tarija optará por organizar a su personal para adquirir combustible a Bs 9 y evitar un incremento en sus gastos operativos.
Redacción Central/El Periodico/29-08-2026.- El alcalde de Tarija, Johnny Torres, informó que instruyó a los funcionarios municipales realizar filas en los surtidores con el objetivo de comprar diésel al precio establecido de Bs 9. La medida fue anunciada después de que el presidente Rodrigo Paz determinara mantener vigente el Decreto 5676, disposición que contempla condiciones diferenciadas para la comercialización de combustibles.
La autoridad municipal explicó que el pago de Bs 18 por litro representaría un aumento considerable para las finanzas del municipio. El diésel es utilizado de manera permanente por vehículos y maquinaria destinados a tareas de mantenimiento urbano, recolección de residuos, obras públicas, atención de emergencias y otros servicios que dependen de la administración local.
La decisión de organizar filas con funcionarios busca garantizar el abastecimiento de combustible sin trasladar el costo más elevado al presupuesto municipal. Para el Gobierno Municipal, adquirir el diésel al precio de Bs 9 permitiría reducir el impacto sobre los recursos destinados a la prestación de servicios y al funcionamiento de las diferentes unidades operativas.
El anuncio se produce en medio de la discusión nacional sobre la aplicación del Decreto 5676 y sus efectos en los sectores público, productivo y de transporte. La permanencia de la norma generó observaciones de distintos actores, debido a las diferencias entre el precio regular y el monto que deben asumir quienes no logran acceder al combustible bajo las condiciones establecidas.
En el caso de Tarija, la Alcaldía administra una flota de vehículos y equipos que requieren diésel para cumplir con sus actividades cotidianas. La maquinaria pesada utilizada en obras, los camiones recolectores, los motorizados de inspección y las unidades destinadas a la atención de contingencias forman parte de los equipos que necesitan un suministro constante.
El incremento del precio tendría efectos directos en los costos de operación. Un mayor gasto en combustible podría obligar a realizar ajustes en la planificación de actividades, reducir la capacidad de respuesta de algunas unidades o modificar la distribución de recursos asignados a proyectos y servicios municipales.
Torres planteó que la alternativa de realizar filas permitirá mantener el acceso al combustible a un costo menor, aunque la medida también implica coordinar turnos, personal y mecanismos de control para evitar interrupciones en las labores municipales. La organización deberá considerar las necesidades de cada dependencia y la prioridad de los servicios esenciales.
La Alcaldía deberá establecer procedimientos internos para definir qué funcionarios participarán en las filas, cómo se distribuirán los turnos y de qué manera se garantizará que los vehículos municipales reciban el combustible correspondiente. También será necesario compatibilizar esta actividad con las responsabilidades habituales de los trabajadores y con la atención al público.
La determinación municipal refleja las dificultades que enfrentan las instituciones públicas ante la variación de los precios de los carburantes. Mientras las entidades deben mantener sus servicios, también están obligadas a administrar recursos limitados y evitar gastos que puedan afectar otras áreas de la gestión.
El diésel constituye uno de los principales componentes del gasto operativo de los gobiernos municipales. Su disponibilidad y precio inciden en la ejecución de obras, el mantenimiento de calles, el traslado de materiales, la limpieza urbana y la atención de emergencias provocadas por lluvias, deslizamientos u otros eventos.
En ese contexto, el municipio tarijeño busca preservar su capacidad operativa mediante la compra del combustible al precio menor. La instrucción impartida por el alcalde se presenta como una medida de contingencia frente a la vigencia del decreto y no como una modificación de los servicios que presta la institución.
La aplicación de esta estrategia también dependerá de la disponibilidad de diésel en los surtidores y de la posibilidad de que los funcionarios municipales accedan efectivamente al precio de Bs 9. Las filas prolongadas, la escasez o las restricciones de venta podrían dificultar el cumplimiento de la planificación prevista por la Alcaldía.
El Gobierno Municipal deberá realizar un seguimiento permanente del consumo y del abastecimiento para evitar que la falta de combustible afecte la recolección de residuos, el mantenimiento de vías y la atención de emergencias. Cualquier interrupción en estas tareas podría generar consecuencias directas para la población.
La decisión del alcalde se suma a las reacciones de sectores que cuestionan el impacto económico de la normativa. Transportistas, productores y entidades públicas han expresado preocupación por los costos que implica acceder al combustible a un precio superior, especialmente cuando sus actividades dependen de manera constante del diésel.
El debate también alcanza a la sostenibilidad financiera de los municipios. Las alcaldías deben cubrir gastos de personal, servicios básicos, obras y programas sociales, por lo que un aumento significativo en el costo de los carburantes puede reducir los recursos disponibles para otras obligaciones.
La instrucción de Torres establece que los funcionarios municipales participen en la estrategia de abastecimiento mientras se mantenga la diferencia de precios. La medida podría prolongarse en tanto no se produzcan cambios en la normativa o se adopten disposiciones que permitan a las instituciones públicas acceder al combustible bajo condiciones más favorables.
El municipio deberá evaluar periódicamente los resultados de la medida y determinar si las filas permiten garantizar el suministro necesario. También tendrá que revisar el impacto de esta modalidad en la jornada laboral, la logística institucional y la continuidad de los servicios que requieren atención diaria.
La decisión presidencial de mantener vigente el Decreto 5676 mantiene abierta la discusión sobre el precio de los combustibles y sus efectos en la administración pública. En Tarija, la Alcaldía optó por organizar a su personal para reducir el gasto y evitar que el pago de Bs 18 por litro afecte de manera considerable su presupuesto.
Mientras continúe la aplicación de la norma, el Gobierno Municipal deberá combinar mecanismos de abastecimiento, control del consumo y planificación operativa para sostener sus actividades. La prioridad será garantizar que los servicios esenciales no se vean interrumpidos y que el incremento del costo del diésel no limite la atención a la población.