REDACCIÓN CENTRAL/Bolinfo/Tarija/El Periódico-Septiembre-29-2025.- El director de la Casa de la Cultura, Mike Figueroa, informó que cuatro trabajadores recurrieron a la vía judicial tras no recibir sus haberes desde hace más de siete meses. Aunque el Ministerio de Trabajo ya instruyó a la Gobernación realizar los pagos, la institución interpuso un recurso de revisión. La particular dependencia tripartita de este espacio cultural —Gobernación, Alcaldía y Universidad Autónoma Juan Misael Saracho— complica aún más la gestión administrativa y financiera.
La crisis administrativa que atraviesa la Casa de la Cultura de Tarija ha derivado en un conflicto legal que amenaza con profundizar el malestar en una de las instituciones culturales más representativas del departamento. Según informó el director de la entidad, Mike Figueroa, cuatro funcionarios han iniciado acciones legales contra la Gobernación de Tarija por la falta de pago de sus salarios desde el mes de febrero de este año, es decir, más de siete meses de retraso.
El conflicto surgió luego de que los trabajadores acudieran al Ministerio de Trabajo en Tarija para denunciar la falta de cumplimiento en el pago de los haberes. Tras una evaluación, la repartición laboral determinó que la Gobernación debía cancelar de manera inmediata las remuneraciones pendientes. Sin embargo, la Gobernación presentó un recurso de revisión, un procedimiento administrativo que extiende los plazos hasta 45 días adicionales.
Figueroa explicó que, al haberse agotado los plazos administrativos sin una solución concreta, los cuatro funcionarios afectados decidieron dar el siguiente paso: recurrir a la vía judicial. “Se trata de un proceso complejo, pero necesario, porque ya no existen más instancias administrativas. Ahora corresponde que la justicia se pronuncie y garantice los derechos laborales de estas personas”, señaló.
El director de la Casa de la Cultura aclaró además que él no forma parte de los funcionarios afectados, pues su salario y dependencia administrativa provienen de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS). En este sentido, explicó que la universidad es responsable de cinco ítems en la institución cultural y ha venido cumpliendo puntualmente con los compromisos asumidos.
“Es importante dejar en claro que la universidad ha sido seria en el cumplimiento de sus obligaciones. Mi situación laboral depende de la UAJMS y, por lo tanto, no estoy entre los funcionarios que reclaman los pagos. Sin embargo, como director, debo manifestar mi preocupación porque el personal que depende de la Gobernación no puede seguir trabajando sin recibir un sueldo durante tantos meses”, enfatizó Figueroa.
La situación financiera de la Casa de la Cultura, añadió, se complica aún más debido a su particular estructura tripartita. A diferencia de otras instituciones culturales, esta entidad depende simultáneamente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, la Gobernación de Tarija y la Alcaldía de la ciudad de Tarija. Esta modalidad de administración compartida, que en teoría debería garantizar un respaldo integral, ha derivado en confusiones y responsabilidades incumplidas.
En el caso de la Alcaldía tarijeña, Figueroa recordó que desde hace tres años no cumple con sus aportes y responsabilidades. Según el municipio, el convenio interinstitucional que respaldaba su participación ya no está vigente, lo que ha generado un vacío en la contribución municipal al funcionamiento de la Casa de la Cultura.
Por su parte, la Gobernación, que debía garantizar los ítems correspondientes al personal ahora demandante, se ha convertido en la institución señalada como principal responsable del conflicto actual. La negativa a cumplir la instrucción del Ministerio de Trabajo y la interposición de un recurso de revisión han sido interpretadas por los funcionarios como una maniobra dilatoria que vulnera directamente sus derechos laborales.
“Es preocupante porque estamos hablando de trabajadores que desde febrero no perciben su salario, lo que genera una situación insostenible para ellos y sus familias. No se trata solamente de un problema administrativo, sino de un tema humano y social que debe resolverse con urgencia”, insistió Figueroa.
El director también subrayó que esta crisis refleja la fragilidad con la que se maneja la gestión cultural en Tarija. La falta de claridad en los convenios interinstitucionales y el incumplimiento de responsabilidades ponen en riesgo no solo la estabilidad laboral de los trabajadores, sino también la continuidad de los programas culturales y artísticos que la Casa de la Cultura impulsa en beneficio de la población.
Los funcionarios afectados, en tanto, han ratificado su decisión de seguir con el proceso legal hasta lograr que se reconozcan sus derechos. De acuerdo con especialistas en materia laboral, el caso podría tardar semanas o incluso meses en resolverse, dependiendo de la carga procesal en los juzgados, aunque la jurisprudencia suele favorecer a los trabajadores cuando existen pruebas de incumplimiento de pago.
En este escenario, la Casa de la Cultura se encuentra en una encrucijada: por un lado, mantiene su programación cultural y artística gracias al apoyo de la universidad; por otro, enfrenta un serio conflicto con la Gobernación que amenaza con desgastar no solo al personal, sino también la imagen de la institución frente a la ciudadanía.
Mientras tanto, la pregunta que se instala es inevitable: ¿cómo puede una institución cultural que depende de tres entidades distintas garantizar su funcionamiento si una de ellas incumple y otra se desentiende? La respuesta, según Figueroa, solo será posible con la voluntad política y administrativa de las autoridades competentes, quienes hasta ahora han demostrado más dilaciones que soluciones.