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Fallos favorables a exfuncionarios del SEDECA habrían costado más de Bs 3.6 millones en indemnizaciones «injustas»

César Ramos, vocero de la Gobernación, critica decisiones que habrían costado más de Bs 3.6 millones en indemnizaciones «injustas», afectando el presupuesto departamental. Asegura que se tomarán acciones legales para recuperar los fondos y evitar futuros abusos.
Redacción Central/Bolinfo/Tarija/ Jueves, 31 de julio de 2025
La Gobernación de Tarija ha levantado la voz de alarma contra la Jefatura Departamental de Trabajo, acusándola de actuar de manera «parcializada» en los procesos laborales iniciados por extrabajadores del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA), correspondientes a gestiones anteriores. César Ramos, vocero de la Gobernación, expresó una profunda preocupación por lo que considera un favorecimiento hacia los demandantes, en detrimento de los recursos públicos.
Millonarias indemnizaciones sin justificación
Ramos detalló que se han identificado al menos ocho casos específicos donde la Jefatura de Trabajo habría obligado al Gobierno Departamental a reincorporar a funcionarios, aun cuando estos no habían solicitado formalmente dicha reincorporación. Lo más alarmante, según el vocero, son los montos involucrados. «Hemos registrado montos que superan los 3,6 millones de bolivianos en indemnizaciones, incluso por periodos en los que no se prestó ningún servicio», afirmó Ramos.
Como ejemplo de esta supuesta irregularidad, Ramos mencionó un caso particular en el que se desembolsó «más de un millón de bolivianos por un proceso que se prolongó durante nueve años». Esta situación, en un contexto de crisis financiera departamental, genera un grave impacto en el presupuesto que debería destinarse a programas sociales y atención a la población vulnerable.
Presiones sindicales o políticas detrás de las decisiones
El vocero lamentó que este tipo de resoluciones judiciales y administrativas parezcan responder a presiones sindicales o políticas, afectando directamente la estabilidad económica del departamento. La denuncia subraya una preocupación por la autonomía de las decisiones administrativas y su posible instrumentalización.
La Gobernación no se quedará de brazos cruzados. Ramos informó que se está analizando una «amplia lista de procesos laborales en curso», muchos de los cuales, según su criterio, carecen de fundamento real o de una evaluación imparcial por parte de las autoridades competentes.
Acciones legales y compromiso con la población
Ante esta situación, el Gobierno Departamental ha iniciado acciones. «Estamos siguiendo los conductos legales para recuperar parte de los recursos comprometidos injustamente, porque ese dinero debe ser destinado a las verdaderas necesidades del pueblo tarijeño», enfatizó Ramos. La medida busca no solo resarcir el daño económico, sino también sentar un precedente para evitar futuras actuaciones que perjudiquen al erario público.
Finalmente, César Ramos aseguró que la Gobernación de Tarija no permitirá que continúe la parcialización en el tratamiento de estos casos. Reafirmó el compromiso de la administración departamental de defender los intereses de la población y garantizar la transparencia e institucionalidad pública. La denuncia pone en el ojo del huracán a la Jefatura Departamental de Trabajo, exigiendo una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas sobre las decisiones tomadas en estos procesos laborales.

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