El presidente del Distrito 9 de la ciudad de Tarija, Cristian Ventura, planteó formalmente la anulación del nuevo estudio tarifario de energía eléctrica que prepara la empresa Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), al considerar que el proceso se llevó adelante sin cumplir los parámetros técnicos, económicos y sociales exigidos por la normativa, y sin abrir espacios de control social durante su elaboración.
Redacción Central/El Periódico/09-09-2026.- El dirigente sostuvo que la ausencia de mecanismos de participación vecinal invalida el trabajo realizado hasta el momento y reclamó que se inicie desde cero un nuevo proceso, esta vez con la incorporación directa de representantes de los barrios en cada una de sus etapas. Según su planteamiento, la definición de las tarifas no puede quedar reducida a un ejercicio exclusivamente técnico ni limitarse a los costos operativos de la distribuidora, sino que debería contemplar también el contexto socioeconómico que atraviesan las familias tarijeñas, marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de la canasta básica.
La demanda del Distrito 9 se suma a un malestar que viene creciendo en distintos sectores de la capital tarijeña. En las últimas semanas, organizaciones vecinales de la ciudad ya habían advertido sobre la falta de información pública en torno al nuevo estudio, que debe definir la estructura de costos del servicio eléctrico para el período 2026-2030, conforme a lo establecido por la Ley de Electricidad y la reglamentación de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. De acuerdo con esa normativa, cada cuatro años corresponde una actualización tarifaria, un mecanismo que en esta oportunidad habría avanzado sin socialización previa.
Dirigencias barriales llegaron incluso a fijar plazos a las autoridades departamentales para que se hagan públicos los criterios técnicos utilizados en el nuevo cálculo, advirtiendo con convocar asambleas y adoptar medidas de presión en caso de no obtener respuestas. El reclamo se produce en un escenario de creciente tensión social por el costo del servicio eléctrico en la región, donde representantes de varios barrios ya habían anunciado en semanas previas posibles acciones de protesta -entre ellas la eventual toma de instalaciones de la empresa distribuidora- ante lo que consideran tarifas elevadas en comparación con otras zonas del país.
Cabe recordar que el actual período tarifario, vigente desde octubre de 2022, no registró incrementos en las tarifas de Setar, según lo informado oportunamente por la gerencia de la empresa, que atribuyó esa decisión a un esfuerzo por sostener los precios pese al alza en los costos de operación. Sin embargo, ese congelamiento vence en octubre de este año, lo que reabre la discusión sobre el nuevo esquema de precios y alimenta la preocupación de los sectores vecinales, que temen un ajuste significativo si el estudio se aprueba sin su participación.
El sector que representa Ventura insiste en que cualquier modificación tarifaria debe pasar primero por una etapa de socialización efectiva, con la difusión pública de los parámetros considerados y la apertura de canales para que los vecinos puedan presentar observaciones antes de que el documento reciba el visto bueno de las instancias reguladoras. En ese sentido, plantean que la empresa y las autoridades departamentales convoquen a un nuevo proceso participativo que incluya a las juntas vecinales, a organizaciones sociales y a representantes de distintos distritos de la ciudad.
La controversia se enmarca, además, en un contexto nacional de mayor sensibilidad en torno a las tarifas de servicios básicos, luego de la aprobación de un decreto que introdujo cambios en la política de precios de la energía eléctrica y que, según distintos sectores, podría combinarse con los resultados del estudio tarifario local para derivar en incrementos mayores a los previstos inicialmente. Por el momento, ni Setar ni las autoridades departamentales se pronunciaron públicamente sobre el pedido de anulación planteado desde el Distrito 9.
Aseguran que la categoría domiciliaria no sufrirá cambios
El gerente general de la empresa eléctrica descartó un alza de precios y atribuyó la controversia reciente a versiones difundidas por dirigentes vecinales que, según dijo, carecen de sustento técnico
Redacción Central/El Periódico/09-09-2026.- La gerencia de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) puso fecha al nuevo estudio tarifario que definirá el costo del servicio eléctrico en el departamento durante los próximos años: el documento estará terminado recién en octubre, mes en que vence el periodo vigente desde 2022. Así lo confirmó el gerente general de la entidad, Miguel Arciénega, quien al mismo tiempo intentó despejar la inquietud ciudadana al asegurar que no existe, por ahora, ninguna decisión institucional orientada a subir las tarifas para los usuarios residenciales.
El anuncio se produce en medio de un clima de tensión entre la empresa y organizaciones vecinales del departamento, que en los últimos días habían expresado su preocupación por la falta de información sobre los parámetros técnicos, económicos y sociales que se están utilizando para elaborar el nuevo esquema de precios. Representantes de juntas vecinales llegaron incluso a plantear un plazo perentorio a las autoridades departamentales para que se transparente el proceso, bajo amenaza de convocar a una asamblea de dirigentes barriales si no obtenían respuesta.
Frente a ese escenario, la gerencia de Setar salió al paso calificando de infundadas y precipitadas las versiones sobre un eventual incremento, y remarcó que cualquier modificación en la estructura tarifaria no depende de una decisión unilateral de la empresa, sino que debe seguir un procedimiento técnico y normativo estrictamente regulado. Ese proceso contempla la elaboración de un estudio especializado y, posteriormente, su revisión y aprobación por parte de la Autoridad de Electricidad (AE), organismo nacional encargado de fijar las tarifas en sus distintas categorías de consumo.
De acuerdo con la normativa del sector, los estudios tarifarios en Bolivia tienen una vigencia de cuatro años. El que rige actualmente comenzó a aplicarse en octubre de 2022 y culmina en octubre de este año, por lo que corresponde a Setar iniciar el trámite para la aprobación de un nuevo periodo tarifario ante el ente regulador. Justamente esa transición explicaría por qué en las últimas semanas se generó incertidumbre entre la población: al tratarse de un cambio de ciclo, cualquier ajuste técnico en el documento puede prestarse a interpretaciones sobre un posible encarecimiento del servicio.
La empresa, sin embargo, insistió en que su intención es mantener la estabilidad de precios que sostuvo durante todo el periodo anterior, pese al incremento en los costos operativos derivado de la escasez de divisas y el consiguiente encarecimiento de materiales y repuestos importados, indispensables para el mantenimiento de las redes de distribución eléctrica. En ese sentido, la gerencia sostuvo que, aunque los costos de funcionamiento subieron, la decisión fue no trasladar ese impacto a la factura de los usuarios domiciliarios.
No obstante, se aclaró que algunas variaciones que los consumidores puedan notar en sus facturas no corresponden a decisiones de la empresa tarijeña, sino a factores de indexación que se aplican a nivel nacional y que están vinculados al índice de precios al consumidor. Estos ajustes son definidos por el Comité Nacional de Despacho de Carga, instancia que regula el costo de la energía en el sistema interconectado, y no representan, según se explicó, un incremento tarifario propiamente dicho por parte de Setar.
La empresa también comprometió que, una vez concluido el nuevo estudio tarifario, la información será socializada con la población a través de los canales institucionales correspondientes, con el objetivo de evitar que trascienda de manera distorsionada y genere alarma innecesaria entre los usuarios. Se espera que, en las próximas semanas, se convoque a los diferentes sectores sociales para conocer los avances del proceso, en momentos en que persisten reclamos ciudadanos que exigen mayor participación en la elaboración del documento.