En un clima de creciente tensión política, el expresidente Evo Morales ha expresado su enérgico rechazo a la inauguración del año constitucional 2025, llevado a cabo por los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La ceremonia, que se desarrolló de manera exclusiva y cerrada al público y a la prensa, ha suscitado controversia y ha sido vista como un acto que desafía la legitimidad de las autoridades judiciales elegidas en las recientes elecciones de diciembre de 2024.
Morales, a través de un mensaje en su cuenta de X, destacó la ausencia de los cuatro nuevos magistrados electos, subrayando que este hecho evidencia un encubrimiento por parte del gobierno que encabeza Luis Arce. El exmandatario calificó a los actuales miembros del TCP como «autoprorrogados», sugiriendo que su permanencia en el cargo carece de legalidad y que representan un obstáculo para la verdadera justicia en Bolivia. La presencia del ministro de Justicia, César Siles, en este acto ha sido interpretada por Morales como una muestra del apoyo del gobierno a estas autoridades judiciales, cuya continuidad ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad.
La inauguración, presidida por Gonzalo Miguel Hurtado, presidente del TCP, se llevó a cabo el pasado lunes en un acto del que no se permitió el acceso a medios de comunicación, lo que ha generado aún más malestar. La falta de transparencia en este tipo de eventos es un tema recurrente en la crítica hacia el sistema judicial boliviano, pues se considera que la opacidad contribuye a la desconfianza del pueblo en las instituciones. En la comunicación oficial emitida por el TCP, se resaltó la presencia de distinguidos invitados como Siles y el procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, pero este enfoque ha sido insuficiente para silenciar las voces disidentes que exigen una reforma profunda del sistema judicial.
Morales no se detuvo allí y amplió sus críticas hacia el gobierno de Arce y su administración, acusándolos de haber desmantelado la economía popular y de haber socavado la estabilidad económica del país. En sus declaraciones, el exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS) enfatizó que el actual gobierno actúa en complicidad con los magistrados prorrogados, lo que a su juicio ha llevado a un aniquilamiento de la institucionalidad y la democracia. Estas afirmaciones reflejan un sentimiento de frustración entre aquellos que consideran que las decisiones judiciales han sido manipuladas para favorecer a intereses políticos específicos.
La situación se agrava además por el hecho de que las tres instancias del Órgano Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Agroambiental (TA), ya han nombrado a sus presidentes, lo que subraya la percepción de un entorno judicial dividido y en crisis. A pesar de que Siles había afirmado anteriormente que los magistrados prorrogados deberían ser reemplazados, su asistencia al acto del TCP contradice sus declaraciones previas y plantea interrogantes sobre su postura respecto a la independencia del poder judicial.
La crítica de Morales se inscribe en un contexto más amplio de descontento social, donde la ciudadanía demanda una justicia que no solo sea imparcial, sino que también se derive de un proceso electoral transparente. Los sectores que apoyan al expresidente ven en estas acciones una oportunidad para reactivar la lucha por una reforma judicial que garantice la representación popular y la restauración de la confianza en el sistema de justicia boliviano. Así, la inauguración del año constitucional no solo se presenta como un evento protocolar, sino como un reflejo de las tensiones políticas que caracterizan la actualidad boliviana, en un país que aún busca consolidar los principios democráticos y la justicia social.