Eduardo Claure
Estas ultimas semanas los medios escritos y televisivos han mostrado bajo titulares en primeras planas, la situación por el que atraviesa este importante recurso natural como es el agua en varios puntos del territorio boliviano. Uno de estos casos es el informe del programa Pariagua de la Cooperación Alemana GIZ, en coordinación con la Gobernación de Santa Cruz, que dio a conocer resultados de un estudio elaborado entre el 2014 y 2018, que confirma y demuestra la importancia acuífera que tiene la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá-Urubó y por qué es importante conservarla, en tanto un proyecto caminero pretende cruzar ese extenso territorio que tiene acuíferos, áreas de filtración en la zona de recarga, la zona de amortiguamiento y la zona preferencial de los acuíferos en la ciudad de Santa Cruz y convierte esa zona en un área vital para la dotación de agua para más de dos millones de personas que viven en la región metropolitana de Santa Cruz. Otros espacios acuíferos en distintos puntos del país, tienen alto grado de degradación cuantitativa y cualitativa como es el caso del lago Titicaca en La Paz, que llegó a niveles de agua nunca vistos y causa alarma a sus pobladores. La laguna Alalay, en Cochabamba, se está secando y la poca agua que tiene está contaminada. El lago Poopó, en Oruro que continúa seco con épocas de escasa lluvia, que dejan un espejo de agua que se pierde en pocos días habiendo reducido a cero la pesca del pejerrey, recurso que abastecían de alimentos a la ciudad capital y pobladores ribereños como son los Uru Muratos, Iru Itus, Chipaya y Uru Chipayas. Lo mismo pasa con la laguna Concepción, en Santa Cruz, que se secó por la deforestación en el lugar, otro problema que se reitera en denuncias e informes técnico, es lo sucedido con el río Pilcomayo en Tarija, que en el presente año ha disminuido drásticamente la cantidad y calidad de su recurso piscícola como es el sábalo, importantísimo recurso de los pueblos guaraníes, wenhayek y tapiete de la provincia O’Connor, del Gran Chaco y zonas circundantes, debido también a los problemas que provocan las aguas internacionales originados por diversas infraestructuras de embalse en territorios extrafronterizos.
Si bien estos desastres ocurren debido al cambio climático y reiterados años de sequía continua que afectan al mundo entero, pero que, también, se deben a otros factores antrópicos para que este panorama devastador se muestren cada vez con más frecuencia y azolando extensas áreas de influencia, estos factores son: deforestación, ocupación ilegal de tierras, contaminación por la minería legal y especialmente la ilegal: disfrazadas de cooperativas mineras que ocultan a empresas chinas en el norte paceño tropical y el Beni; el gobierno no hace nada contra el tráfico ilegal de mercurio y cianuro, que provocan problemas en Oruro, Potosí y La Paz -departamentos tradicionalmente mineros-, pero que afectan ahora también a Tarija, por explotaciones mineras propias que requieren evaluaciones de su cuantía y localización, en materia ambiental, impositiva y de regalías; lo propio de minas potosinas que provocan daños irreversibles a los cuerpos de agua superficiales y también a los reservorios subterráneos tarijeños. El agua es uno de los elementos más importantes del cual dependen la vida en la tierra, ligado a los diversos ecosistemas de nuestro territorio, y este componente de vida, en su acceso de buena calidad, debe ser garantizado a todos los habitantes como derecho básico, además constitucionalizado como fundamentalísimo. Su escasez, el mal uso y la contaminación de los recursos hídricos representan amenazas cada vez más serias para un desarrollo ecológico socialmente sustentado, y para el mantenimiento de nuestros ecosistemas, que están seriamente afectados por los impactos de los cambios climáticos globales que tienen fuerte influencia sobre los ciclos hidrológicos. Un caso emblemático en Tarija son las alarmas respecto la Reserva Biológica de Tariquía, por cuya preservación se hicieron luchas que han quedado en nada, pero que fue utilizada como muletilla política y nada más.
Diversas tecnologías, métodos y políticas -modernas, tradicionales y específicas de determinadas culturas- existen y están disponibles para que las autoridades de las ETAs inicien un proceso de planificación respecto a este importante elemento y líquido vital, que sería un proceso de transición hacia un sistema de evaluación del manejo y administración del agua, para llegar a una gestión del agua: eficiente, justo y que conserve el medio ambiente. Debe promoverse un manejo ecológico y socialmente sustentable del agua dulce, para su disponibilidad permanente en cantidad y calidad. Esta transición debe realizarse para asegurar que las reservas de agua limpia, segura y adecuada estén disponibles para toda la biodiversidad y sea un derecho del que goce la población. Para ello debe identificarse, evaluar y difundir métodos eficientes, social y ecológicamente sustentados, para proyectos de minería y agricultura (irrigación, silvicultura, ganadería, acuacultura, actividades extractivas y otras) para evitar impactos negativos en la calidad de vida y en el medio ambiente, debido al uso intensivo de agua y a su contaminación con fertilizantes, pesticidas, desechos animales, residuos orgánicos e inorgánicos y otros productos utilizados o producidos como desechos por esas actividades. Aquí debe observarse la instalación de la PTAR, que por noticias que salen a la luz pública, aun no tiene destino: se está convirtiendo en una “vergüenza tarijeña”, cada vez salen noticias de que ya existen terrenos disponibles y luego aparecen noticias de que faltan estudios, aceptación social rural, análisis comparativos de propuestas nacionales, locales e internacionales, etc., acciones que hacen ver, que esta importantísima obra de infraestructura sanitaria, es fundamental y debiera ser parte del “paquete” de proyectos prioritarios para la salud pública, junto a un nuevo alcantarillado y una nueva red de agua potable con infraestructura de reservorios de agua potable para el largo plazo. ¿Las ETAs y COSAALT, planifican?
Entre el 11 de marzo de 2013 y el 3 de septiembre de 2021, la ALDT promulgó 360 leyes, es decir desde la fecha del Decreto Departamental 09/2013 de fecha 14 de marzo de 2913, hasta el 1ero.de diciembre de 2021, en este conjunto de leyes no se incluyen iniciativas especificas relacionadas al Plan Departamental del Agua, “Agua para Todos y para Siempre” con vigencia desde el 2013. De estas leyes departamentales, únicamente tienen una relación referencial con el recurso agua las numeradas como: 390, 336, 273, 272, 262, 257, 249, 241, 241, y las que son leyes específicas en el tema son: Ley Nº 150 – Ley de calidad de agua, que obliga a las entidades proveedoras del servicio de agua potable del departamento de Tarija a la publicación de los resultados de los análisis del agua que suministran, y la Ley Nº 132, de priorización de proyectos concurrentes para agua potable, plantas de tratamiento de agua potable, alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales.(S.e.u.o). Si existen estas leyes, ¿por qué, no se operativizan.?
En este contexto, debería promoverse acciones públicas y privadas para desarrollar el uso ecológico y socialmente sustentado del agua e influenciar en las definiciones de políticas de protección de los recursos hídricos. Presionar a nivel local, para que las autoridades de las ETAs, especialmente la ALDT y los concejos municipales, creen nuevos instrumentos legales y cumplan democráticamente los instrumentos legales existentes para proteger las fuentes de agua, regular su uso, controlar la contaminación hídrica y establecer derechos sobre la utilización del agua para todos los habitantes. La conservación y el manejo del agua requieren de otro modelo de desarrollo basado en la justicia social y en la sustentabilidad ecológica, con participación y cooperación social en todos los niveles. El lugar central que la mujer tiene en el abastecimiento de agua, el cultivo de alimentos y su transformación, para el mantenimiento de la salud y el bienestar de las familias debe ser reafirmado como componente fundamental en proyectos de agua. Ciudadanos, comunidades, organizaciones y asociaciones sociales, de profesionales y grupos de usuarios, debieran participar en la gestión del agua y de los recursos acuáticos. Asimismo, debe asegurarse al público el acceso a información y participación de proyectos, en su elaboración, implementación, gestión, seguimiento y evaluación. El no asumir acciones en esta dirección, las ETAs, se auto descalifican.
