La vitivinicultura boliviana, orgullo de regiones como Tarija, Chuquisaca y los valles cruceños, atraviesa un momento decisivo. Mientras los productores enfrentan costos crecientes, impuestos desproporcionados y la competencia de vinos importados a bajo precio, el Estado aún no ha dado señales claras de una política nacional que proteja e impulse este sector que no solo genera empleo, sino también identidad y desarrollo rural.
Bolivia necesita, con urgencia, una ley integral de fomento a la producción vitivinícola, que contemple incentivos fiscales, apoyo técnico y acceso a mercados. No se trata de un privilegio para unos pocos, sino de una estrategia de desarrollo económico sostenible. Países vecinos como Argentina o Chile entendieron hace décadas que el vino puede ser una marca nacional y una fuente de divisas si existe un marco legal coherente y de largo plazo.
El primer paso debe ser revisar la carga tributaria. Hoy, los productores bolivianos soportan impuestos que elevan el precio final de sus vinos y singanis, restándoles competitividad frente a productos importados. Un régimen impositivo diferenciado, basado en la escala de producción y en la incorporación de valor agregado nacional, permitiría que los pequeños y medianos viñateros sigan en pie y que el país gane terreno en los mercados.
A ello debe sumarse una política de crédito productivo especializada, con tasas blandas y plazos acordes a los ciclos agrícolas. El sector requiere inversiones en riego, maquinaria, tecnología enológica y certificaciones de calidad, imposibles de financiar con los créditos comerciales actuales.
El Estado, además, tiene el deber de promover la investigación y la innovación, fortaleciendo los centros técnicos y universidades que trabajan con uva, vino y singani. Solo con ciencia aplicada se podrá enfrentar el cambio climático, mejorar la productividad y proteger las variedades autóctonas que son parte del patrimonio vitícola del país.
Finalmente, una verdadera política vitivinícola debe incluir campañas de promoción interna y externa, con una marca país que posicione a los vinos y singanis bolivianos en los mercados internacionales, al igual que ocurre con el café colombiano o el pisco peruano.
El Gobierno nacional no puede limitarse a discursos de apoyo ocasional. Si Bolivia aspira a diversificar su economía y fortalecer su producción interna, la vitivinicultura debe ocupar un lugar prioritario en su agenda. Es tiempo de pasar del brindis a la acción.