En cada proceso electoral las encuestas aparecen como termómetros de la intención de voto, pero en el fragor de la campaña suelen transformarse en algo más que simples mediciones estadísticas. Lejos de limitarse a reflejar las tendencias ciudadanas, terminan moldeándolas, condicionando percepciones y, en no pocos casos, avivando el fuego de la confrontación.
El problema no radica en la encuesta como instrumento técnico, sino en el uso y el abuso que de ella hacen partidos, medios y actores políticos. Convertidas en arma electoral, las cifras dejan de ser información y pasan a ser propaganda. Cuando una fuerza política difunde sondeos que le son favorables, busca instalar la idea de triunfo inevitable; cuando los resultados muestran debilidad, se apela a cuestionar la metodología o, incluso, a deslegitimar al encuestador. Así, lo que debería servir para enriquecer el debate democrático termina siendo un catalizador de la polarización.
Las encuestas, en contextos de alta fragmentación política, suelen reforzar la lógica del “voto útil”. Ese mecanismo, que empuja a los electores a respaldar al candidato que parece tener más opciones de victoria, reduce la pluralidad y margina propuestas alternativas. En lugar de abrir el abanico de la discusión ciudadana, estrechan las posibilidades hacia polos que se presentan como únicos competidores reales. De esta manera, los sondeos no solo describen el escenario: lo alteran.
Además, la publicación constante de encuestas durante la campaña genera un efecto de carrera de caballos, donde lo importante deja de ser el debate de ideas y programas, para centrarse en quién sube o baja algunos puntos en las gráficas. Este fenómeno alimenta la confrontación porque desplaza la discusión de fondo —los problemas estructurales del país, la calidad de las propuestas, la viabilidad de los planes de gobierno— y la reemplaza por una competencia emocional, cargada de triunfalismo o victimización.
No se puede negar que, bien elaboradas, las encuestas son un insumo valioso para medir el pulso de la ciudadanía. Permiten a los partidos conocer sus fortalezas y debilidades, y a los votantes entender cómo se distribuyen las simpatías políticas. Sin embargo, cuando la transparencia metodológica se deja de lado, cuando los márgenes de error se ocultan o cuando los encargos responden más a intereses económicos y partidarios que al rigor científico, el daño es mayor que el beneficio.
El riesgo está en que las encuestas pasen de ser instrumentos de orientación a convertirse en detonantes de la confrontación social. En sociedades donde la desconfianza hacia las instituciones ya es alta, el uso manipulado de sondeos alimenta la sospecha de fraude, la narrativa de complot y, en casos extremos, la violencia política.
La responsabilidad, por tanto, no solo recae en las empresas encuestadoras, que deben garantizar independencia y transparencia, sino también en los medios que difunden resultados y en los partidos que los utilizan. Una ciudadanía madura requiere información veraz, no estímulos diseñados para manipular su voto.
Si las encuestas se emplean con ética y profesionalismo, pueden contribuir al fortalecimiento democrático. Si se utilizan como armas de campaña, solo profundizarán la polarización y convertirán las elecciones en un campo de batalla emocional más que en un ejercicio de reflexión ciudadana.