Eduardo Claure
El 2006 los representantes políticos del MAS-IPSP, llegaron al gobierno por la vía de elecciones nacionales con un mensaje de un proceso de cambio que obnubiló a mucha gente votante, que, a sí procedió en su favor. La fase posterior a su posesión y parafernalia en Tiwanaku, repetida en sucesivas elecciones nacionales favorecidas por un TSE sometido, fueron mostrando en sus acciones políticas desplegadas por los gobernantes, que ellos vinieron a tomar el Estado, creando una figura de gobierno/Estado/partido. Mostraron que nunca estuvieron conscientes que el poder es eventual y limitativo. Qué, únicamente sólo eran mandatarios con atribuciones y conducta sujetas al principio de legalidad, que obedecerían y acatarían los acuerdos del pueblo mandante, ese soberano, hoy agotado. Nunca buscaron un control político que busque el equilibrio y balanceo de poderes, y, más bien, se permitieron constituirse en un poder unilateral, omnímodo y omnipresente. Poder y control total de todos los Poderes del Estado, esa prioridad suplió a la gestión pública, sin embargo, habían llegado con la consigna de la necesidad de repensar radicalmente el modo en que se concibió hasta ese entonces al Gobierno y el Estado, proponiendo su desburocratización y la revisión del funcionamiento de todo lo público. Luces fatuas.
En términos conceptuales la gestión pública está enfocada en la administración eficiente de todos los recursos con los que cuenta una nación, con la finalidad de dar respuesta a las demandas de sus habitantes, a la vez que garantizar el desarrollo del país. Este el criterio -vilipendiado- que intentó aplicar todo gobierno anterior al 2006, vanamente, lastimosamente, aun cuando se hicieron intentos -vanos- durante varios periodos, especialmente post UDP. La gestión pública, en una sociedad democrática tal como nos concebimos los bolivianos, debe caracterizarse por una eficiente capacidad de respuesta ante la complejidad de las problemáticas que surgen a diario en los espacios sociales. Ante esta situación, la gestión pública es la responsable de producir y desarrollar estrategias para llevar a cabo una acción conveniente y efectiva, mucho más cuando se proclamó en la vigente CPE, “con autonomías”; que debió ser la “línea” que condujese aquellas cuatro gestiones de políticas públicas en manos azules.
En lo técnico y dado su carácter institucional, la gestión pública debe elaborar y aplicar las políticas públicas correspondientes, para ello se deben emplear una serie de prácticas, procesos, y metodologías específicas para que la implementación y evaluación de dichas políticas se efectúe con la ayuda y responsabilidad compartida entre las instituciones administrativas públicas -y privadas- con las organizaciones de la sociedad civil, de profesionales colegiados, académicas, incluso con organismos de la cooperación externa. Uno de los fines de la gestión pública consiste en llevar a cabo las tareas de gobierno y cumplir, mediante las instituciones administrativas, los compromisos de gobierno formuladas en campaña y en gestión, propiamente dicha. Asimismo, mediante su labor se busca fortalecer la capacidad administrativa del gobierno central y de los gobiernos subnacionales, nutriendo al mismo tiempo los procesos gubernamentales mediante la contribución de las instituciones administrativas y de inversión pública, como el caso del PROSABAR, FPS y otros que se crearon a partir de la aplicación de la Ley 1551 y 1654. La gestión pública es responsable de desempeñar todas aquellas tareas que representen un apoyo administrativo en cualquier ámbito del Estado; colaborar en el proceso de elaboración y ejecución de proyectos de aplicación de políticas públicas; participar del proceso de desarrollo, ejecución y administración de aquellos programas destinados al mejoramiento del sector público; y participar activamente en la implementación de nuevas técnicas de gestión, evaluación y control de las tareas administrativas que competen al gobierno central y a los “mal llamados”, subnacionales, hoy ETAs.
Básicamente, las funciones que deben aplicar los “servidores públicos” en función de la gestión pública se refieren al desarrollo de tareas de gestión administrativa y apoyo de nivel intermedio comunes a la actuación de la administración central y de los niveles departamentales y municipales. Estas funciones se desempeñan fundamentalmente en áreas de tramitación y ordenación de los procedimientos administrativos, así como en la gestión de recursos humanos o económico-financieros, en la actividad contractual, patrimonial o de carácter subvencional. Igualmente, participan en el desarrollo de políticas sectoriales cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado como tal -conceptualmente nacional- y todo lo referido a lo departamental y municipal, entre las que destacan las políticas sociales, medioambientales, económicas productivas y otras que hoy se aplican por los avances en materias del desarrollo, las sociales y de los derechos humanos, civiles y políticos. Es decir, hoy en día, el concepto de la gestión pública se ha diversificado, lo que también requiere de nuevas especialidades en los diversos ámbitos del desarrollo, a la que hoy, están abocadas universidades e instituciones de formación académica y técnica.
Mientras los bolivianos pensaron o tuvieron la sensación que el 2006, se ingresaba a una “nueva era”, en 18 años como corolario de aquel paradigma ofrecido, únicamente, se tiene inimaginables niveles de corrupción en la administración pública, funcionarios públicos con carnet político y no con títulos profesionales, sin especialidades, postgrados, magister o doctorados, menos con un grado de comprensión de lo que es la gestión del desarrollo. Hoy, los escándalos en el fiasco de gestión pública, demuestran que llegaron manos habidas de latrocinio -a pesar de detentar algún título-, delincuencia disfrazada de operadores del desarrollo y demás personajes. Eso sí, dijeron, somos la reserva moral de la humanidad. Basta con leer las declaraciones del detenido y procesado por corrupción ex ministro de medio ambiente y aguas, en su audiencia: “El exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, negó las acusaciones en su contra por el caso coimas millonarias. Aseguró que no tiene inmuebles, solo una moto y una parcela productiva, además, aseguró que los depósitos que hizo en su gestión son provenientes de aportes voluntarios de funcionarios públicos de la mencionada cartera de Estado y seguirá proceso por difamación a su ex asesora, denunciante”. Pagina Siete, 20/05/2023. Ese el criterio de Gestión Pública que tienen, los que se apoderaron del Estado y sus recursos, como si fueran los dueños de los cuales disponer a manos llenas embutiendo alforjas azules, y difuminando el Estado.
