El Gobierno nacional plantea una agenda que incluye agua, saneamiento, salud, educación, vivienda y carreteras, con participación de los 11 municipios y la Gobernación.
Redacción Central/El Periódico/07-09-2026.- Tarija se encamina hacia una nueva etapa de inversión pública con una cartera inicial de proyectos que bordea los Bs 3.000 millones, anunciada por el presidente Rodrigo Paz durante su visita al departamento. La propuesta abarca infraestructura básica, servicios, vivienda, educación, salud y conectividad vial, bajo un esquema de coordinación entre el Gobierno nacional, los 11 municipios y la Gobernación.
La cifra constituye una de las mayores promesas de inversión anunciadas para el departamento en los últimos años, aunque se trata de una programación inicial de recursos y proyectos cuya ejecución dependerá de la concreción de convenios, estudios, financiamiento y aportes de las diferentes instituciones involucradas. El modelo planteado por el Ejecutivo es el denominado 50/50, que busca compartir responsabilidades y recursos con las regiones.
La agenda contempla proyectos de saneamiento básico, captación y provisión de agua, infraestructura educativa y sanitaria, vivienda, enlosetados, tinglados y rehabilitación de carreteras. También se prevén nuevas obras viales e intervenciones destinadas a mejorar la conexión entre los municipios y los principales corredores económicos del departamento.
Uno de los componentes que comenzó a tomar forma durante la visita presidencial fue el referido a la infraestructura educativa. En el marco del programa BOL-39 fueron entregados convenios para la construcción de tinglados y canchas polifuncionales en establecimientos educativos de Bermejo, El Puente, Tarija, Villamontes, San Lorenzo y Padcaya. Los espacios no estarán destinados únicamente a actividades deportivas, sino también a actos cívicos, actividades culturales y reuniones de las comunidades educativas.
La vivienda constituye otro de los componentes de la agenda. Para este año se anunció la ejecución de 1.321 soluciones habitacionales en Tarija, con una inversión aproximada de Bs 295,8 millones y un alcance estimado de 5.947 beneficiarios. A ello se sumarían otras 300 soluciones habitacionales mediante el programa de Comunidades Urbanas.
En materia vial, la Administradora Boliviana de Carreteras anunció Bs 98 millones para 18 proyectos destinados a recuperar y mejorar diferentes sectores de la Red Vial Fundamental. Entre las intervenciones se encuentran trabajos en el tramo Bermejo-kilómetro 19, la iluminación de La Falda de la Queñua y mejoras en la Ruta 9 entre Yacuiba y Villamontes.
La agenda no se limita al mantenimiento. También se busca conseguir financiamiento para obras estructurales como la rehabilitación de Canaletas-Entre Ríos y el túnel del Aguaragüe. Para este último proyecto se tramita financiamiento ante organismos internacionales, mientras que Canaletas-Entre Ríos también forma parte de las gestiones destinadas a recuperar corredores estratégicos del departamento.
Estas obras adquieren una importancia adicional por el papel que Tarija pretende desempeñar en el denominado Corredor Bioceánico del Sur. La mejora de las carreteras permitiría fortalecer la conexión con Paraguay, Argentina y otros mercados regionales, además de facilitar el traslado de producción y mercancías.
Otro proyecto de relevancia es el Mercado de Abasto del Sur, cuya conclusión forma parte de las demandas de infraestructura urbana y comercial de Tarija. Su funcionamiento está vinculado a la necesidad de ordenar la comercialización mayorista y descongestionar otros centros de abastecimiento de la ciudad. La propia Alcaldía mantiene documentación técnica relacionada con la construcción de este proyecto.
El desafío, sin embargo, estará en pasar del anuncio a la ejecución. Una cartera de Bs 3.000 millones no significa que ese monto se encuentre actualmente disponible en las cuentas de las instituciones públicas. Cada proyecto deberá avanzar por sus respectivas etapas técnicas, administrativas y financieras, y en aquellos que dependan de créditos externos será necesario completar los procesos de aprobación y contratación.
La aplicación del modelo 50/50 también exigirá acuerdos entre los distintos niveles de gobierno. El propio Ejecutivo había señalado anteriormente que la propuesta implica no solamente una redistribución de recursos, sino también una transferencia de atribuciones hacia las regiones, por lo que su implementación requiere coordinación y adecuaciones normativas.
Para Tarija, la oportunidad es significativa. El departamento enfrenta necesidades acumuladas en agua, caminos, salud, educación e infraestructura urbana, mientras sus gobiernos subnacionales afrontan restricciones financieras. Si los proyectos anunciados consiguen financiamiento y se ejecutan dentro de los plazos previstos, la inversión podría convertirse en uno de los principales motores de infraestructura pública de la región.
La verdadera evaluación del plan, sin embargo, comenzará cuando los convenios se transformen en licitaciones, las licitaciones en obras y las obras en servicios efectivamente disponibles para la población. El reto para el Gobierno nacional y las autoridades tarijeñas será garantizar que los Bs 3.000 millones anunciados no queden solamente como una cifra de planificación, sino que lleguen a los municipios en forma de proyectos concluidos.
