En Bolivia, como en muchas democracias en proceso de consolidación, persiste una peligrosa normalización de prácticas políticas que, aunque comunes, resultan profundamente cuestionables desde el punto de vista ético, legal e institucional. Una de ellas es la utilización, y en muchos casos, la obligación, de funcionarios públicos para participar en actos proselitistas de candidatos a la presidencia, una práctica que se ha intensificado en tiempos preelectorales y que atenta directamente contra los principios más básicos del servicio público.
Los funcionarios públicos son, ante todo, servidores del Estado, no soldados de campaña de un partido político. Su rol está ligado a garantizar el funcionamiento del aparato estatal, el cumplimiento de políticas públicas y la atención a la ciudadanía, independientemente de quién esté en el poder. Obligarles a participar en concentraciones, marchas o mítines proselitistas —bajo presión, amenazas de despido o promesas de ascenso— no solo es un abuso de poder, sino una forma velada de coerción política que convierte al Estado en una maquinaria electoral.
Cuando se utiliza la estructura del Estado para fines partidarios, se distorsiona su propósito esencial. Se emplean recursos públicos —vehículos, combustibles, tiempo laboral, infraestructura— para beneficiar a un proyecto político, lo que representa una forma de corrupción encubierta. Es una violación al principio de imparcialidad del Estado, pero también una competencia desleal frente a otros candidatos que no tienen acceso al aparato público para hacer campaña.
Muchos funcionarios que son obligados a asistir a actos políticos lo hacen en silencio, conscientes de que oponerse podría significar la pérdida de su trabajo. Esta cultura del miedo impide la denuncia, perpetúa el clientelismo y transforma al empleo público en un mecanismo de control político. La consecuencia directa es un servicio público debilitado, donde la lealtad al partido pesa más que la capacidad o la vocación de servicio.
Lo más preocupante es que esta práctica se da muchas veces con la tolerancia, cuando no con la complicidad, de altos mandos institucionales. Ni los órganos de control ni las autoridades electorales han sido eficaces para fiscalizar y sancionar estos abusos. La falta de consecuencias permite que esta forma de manipulación electoral se repita elección tras elección, sin que se cuestione seriamente su legalidad ni su impacto en la calidad de la democracia.
Forzar la participación política de funcionarios públicos es un síntoma de una democracia débil, donde el acceso al poder importa más que los medios para obtenerlo. Si el Estado se convierte en el brazo logístico de una campaña electoral, se rompe la igualdad de condiciones y se traiciona la confianza del ciudadano que financia ese Estado con sus impuestos.