En distintas ciudades del país aún persiste la costumbre de que los regimientos militares realicen prácticas de tiro dentro de predios cercanos —y en algunos casos rodeados— por áreas urbanas. Lo que en un inicio pudo haber estado justificado por la ubicación periférica de los cuarteles, hoy se ha convertido en un problema grave de seguridad para la población civil.
Las ciudades han crecido y se han expandido hacia zonas que antes eran rurales o descampadas. Ese proceso de urbanización ha llevado a que casas, escuelas, comercios y espacios públicos queden a pocos metros de polígonos de tiro. El peligro no es hipotético: basta con que una bala perdida o un proyectil rebase el perímetro militar para que la tragedia sea irreversible. Y ya se han registrado incidentes, aunque las autoridades prefieran minimizarlos.
Además del riesgo directo de lesiones o muertes, la presencia de campos de prácticas armadas en áreas urbanas genera un ambiente de constante inseguridad psicológica. El sonido de las detonaciones, el temor de los padres por la cercanía de sus hijos a una zona de tiro y la falta de garantías claras sobre protocolos de seguridad son factores que minan la confianza ciudadana.
El Ejército, como institución, tiene la misión de proteger a la población, no de exponerla. Resulta contradictorio que mientras se busca profesionalizar la formación militar y modernizar sus estructuras, se mantengan rutinas peligrosas en espacios donde la vida civil debería estar plenamente resguardada. Existen alternativas: áreas alejadas, polígonos especializados y campos de instrucción diseñados con medidas de seguridad apropiadas, que eliminen cualquier posibilidad de afectación a terceros.
La convivencia armónica entre fuerzas armadas y sociedad requiere decisiones responsables. La práctica de tiro en áreas urbanas ya no tiene cabida en un país que se precia de respetar la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Desplazar esos ejercicios fuera de las ciudades no es un lujo, es una urgencia impostergable.