La decisión de restringir la exportación de carne de res en Bolivia pone sobre la mesa un dilema que se repite en cada coyuntura de crisis: privilegiar el abastecimiento interno a costa del sacrificio de los productores y de la economía nacional. Si bien garantizar que los bolivianos tengan acceso a alimentos a precios razonables es un objetivo legítimo, las medidas restrictivas suelen generar más perjuicios que soluciones.
El sector ganadero, especialmente en el oriente del país, se ha consolidado como un motor económico que no solo abastece el mercado interno, sino que ha logrado conquistar mercados internacionales, generando divisas en un contexto donde cada dólar es crucial para la estabilidad macroeconómica. Cortar de manera abrupta esa posibilidad significa frenar inversiones, debilitar la confianza de los productores y perder competitividad frente a países vecinos que, lejos de restringir, incentivan sus exportaciones.
Además, las restricciones alteran el delicado equilibrio del mercado. El argumento de que la carne se encarece por la exportación suele ser engañoso: en realidad, son los costos de producción, la logística y la falta de incentivos los que más inciden en el precio final. Penalizar la exportación no necesariamente abarata el producto en las carnicerías, pero sí castiga directamente a quienes producen y generan empleo.
A largo plazo, este tipo de medidas desincentiva la producción. El ganadero que ve bloqueado su acceso a mejores precios internacionales difícilmente aumentará su hato, reducirá la inversión en tecnología y buscará alternativas menos riesgosas. El resultado: un sector estancado y una economía que renuncia a una de sus principales fuentes de divisas en tiempos de escasez.
El desafío para el Estado no debería ser prohibir, sino regular con inteligencia. Garantizar un stock suficiente para el consumo interno y, al mismo tiempo, abrir de par en par los mercados externos es posible si se construye una política de estímulo a la producción. Bolivia no puede seguir repitiendo el error de creer que cerrar fronteras protege a la población; por el contrario, lo que hace es debilitar uno de los pocos sectores capaces de dinamizar la economía en medio de la crisis.
En lugar de restricciones, el país necesita reglas claras, inversión en sanidad animal, facilidades logísticas y acuerdos comerciales que potencien al sector.