Redacción Central/Bolinfo/Tarija/ El Periódico – Junio 25, 2025.
La educación pública en Tarija se encuentra en el centro de una controversia, con denuncias de cobros indebidos a estudiantes que, según reportes, están provocando deserción escolar. La situación ha escalado a un cruce de acusaciones entre una concejal municipal y el presidente de la junta escolar, quienes difieren sobre las responsabilidades y el origen del problema.
Medida contra cobros indebidos
La concejal Nushenka Gaite confirmó que ninguna unidad educativa pública puede exigir pagos, materiales o uniformes específicos a estudiantes. Esta decisión responde a denuncias en redes sociales, donde alumnos reportaron faltar a clases por no poder costear botiquines u otros requerimientos. «Encontramos un mensaje en TikTok donde un niño explicaba que no asistía al colegio por no tener dinero para un botiquín. Esto es inaceptable», declaró Gaite, según el acta de una reunión con la Dirección Distrital de Educación (DDE).
La prohibición se sustenta en un comunicado oficial de la DDE 2024, que prohíbe todo cobro no autorizado por el Ministerio de Educación. La Ley Educativa 070, en su artículo 17, garantiza la gratuidad inmediata en la educación pública, y la Resolución Ministerial 001/2023 sanciona a directivos que exijan aportes económicos. «Los estudiantes pueden asistir con ropa común, incluyendo prendas de abrigo de cualquier color. Nadie puede condicionar su educación», enfatizó Gaite. La DDE notificará nuevamente a todos los colegios y llamará a reuniones con juntas de padres para evitar acuerdos que impliquen gastos a las familias.
La medida busca prevenir el aumento de deserción escolar observado en otros departamentos. Cochabamba, por ejemplo, reportó 1.200 casos de abandono escolar en 2025, y La Paz incrementó un 15% las faltas por costos educativos. «En Tarija evitaremos que las dificultades económicas expulsen a estudiantes, especialmente en secundaria», concluyó la concejal.
La contrapartida de las juntas escolares
Sin embargo, la postura de la concejal ha generado una fuerte reacción por parte de Franklin Arancibia, presidente de la Junta Escolar de Cercado. Arancibia expresó su alarma por la fiscalización a las juntas escolares, cuestionando la labor de la concejal. «Yo le digo a la concejal cuántos años ya está de concejal y recién está haciendo su trabajo, cuántos años está y no está fiscalizando al gobierno municipal de quién es la competencia de entregar material de limpiezas a la unidad educativa, material de escritorio, material de bioseguridad y botiquín», sentenció Arancibia.
El presidente de la junta escolar enfatizó que la responsabilidad de proveer estos insumos recae en la Secretaría Municipal de Salud y Deporte y la Dirección de Educación Municipal. «¿Por qué está fiscalizando a la junta escolares señora concejal, por qué no fiscaliza al gobierno municipal?», interpeló Arancibia, señalando que los padres se organizan en asambleas para cubrir estas necesidades debido a la burocracia y la falta de respuesta municipal. «Para hacer una solicitud al gobierno municipal es muy burocrático o complejo», afirmó, indicando que hay «cuánta nota de solicitud reiterativas» sin respuesta.
Arancibia lanzó un ultimátum al alcalde Johnny Torres, dándole «72 horas a que cumpla el acuerdo establecido en la gestión 2024 en el mes de noviembre», el cual contemplaba una adición de 2 millones de bolivianos al presupuesto de educación para material de limpieza, botiquines, material deportivo e infraestructura. «Basta ya que mande una concejal a fiscalizar a la juntas circulares para camuflar su función del gobierno municipal», concluyó Arancibia, advirtiendo que, de no cumplirse el acuerdo, tomarán «medidas y acciones ante esta situación».