El parlamentario de Alianza Unidad cuestiona la permanencia del fiscal general en medio de los señalamientos que lo involucran y plantea que las investigaciones sean conducidas por fiscales específicos, con respaldo documental y garantías de imparcialidad.
Redacción Centra/El Periódico/01-10-2026.- La continuidad de Roger Mariaca al frente de la Fiscalía General del Estado se encuentra bajo cuestionamiento en el ámbito político, luego de que el diputado Rodrigo Fuenzalida, de Alianza Unidad, planteara la necesidad de apartarlo de las actuaciones relacionadas con las denuncias que lo involucran y establecer un mecanismo de investigación independiente.La iniciativa del legislador busca evitar que la autoridad máxima del Ministerio Público permanezca vinculada institucionalmente a un proceso que podría comprometer su propia situación. Desde esa perspectiva, considera necesario que las diligencias sean asumidas por fiscales designados específicamente para esclarecer los antecedentes, establecer la existencia de posibles irregularidades y determinar responsabilidades con apego a la normativa vigente.El planteamiento introduce nuevamente el debate sobre las garantías de independencia que deben regir las investigaciones cuando los señalamientos alcanzan a autoridades de alto nivel del sistema de justicia. La discusión no se limita a la continuidad de una autoridad, sino que también comprende la credibilidad de los procedimientos, la transparencia en el manejo de los antecedentes y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de investigar posibles delitos.La propuesta contempla la conformación de una comisión fiscal que actúe con autonomía en el examen de los elementos disponibles. Su trabajo debería concentrarse en la revisión de documentos oficiales, la verificación de los antecedentes y la obtención de pruebas que permitan establecer si existen hechos que ameriten responsabilidades administrativas o penales.Antecedentes y próximos pasosEl debate se intensificó después de que Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra Mariaca y formulara acusaciones vinculadas con presuntos sobornos y protección al narcotráfico. El fiscal general rechazó los señalamientos y defendió la independencia de las instituciones bolivianas. Las acusaciones estadounidenses no equivalen a una sentencia judicial. La controversia llegó también a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los presidentes de las cámaras solicitaron información oficial al Gobierno estadounidense para conocer los antecedentes de las medidas y evaluar los mecanismos institucionales que correspondan. Asimismo, se anunció una sesión legislativa para el 5 de octubre de 2026, destinada a analizar el caso y las posibles vías de investigación. Otros legisladores plantearon la conformación de una comisión especial o mixta que permita examinar las denuncias sin depender exclusivamente de la institución a la que pertenece la autoridad cuestionada. Estas propuestas reflejan la discusión sobre qué instancia debe asumir las pesquisas y cuáles son las competencias legales para establecer eventuales responsabilidades. En ese contexto, la iniciativa de Fuenzalida se suma a las propuestas de investigación independiente y separación temporal de funciones. Su aplicación requeriría definir el mecanismo legal correspondiente, las atribuciones de los investigadores y las condiciones para acceder a la documentación necesaria.El desarrollo del caso estará condicionado por la información oficial que se obtenga, las decisiones de la Asamblea y las actuaciones de las autoridades competentes. El desafío institucional consiste en esclarecer los hechos mediante procedimientos verificables, respetar la presunción de inocencia y garantizar que cualquier determinación sobre responsabilidades se fundamente en pruebas.