El Presupuesto General del Estado de 2025 entrará en vigencia en las próximas horas a través de un decreto promulgado por el presidente Luis Arce, marcando el último presupuesto de su mandato en el poder. Este presupuesto, que establece las previsiones anuales de la gestión de Gobierno, se ejecutará en un año electoral que presenta al menos siete grandes desafíos para garantizar la estabilidad en medio de fuertes señales de crisis.
Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el país es el bloqueo político en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La falta de aprobación del Presupuesto por parte de la ALP por segundo año consecutivo ha llevado a que entre en vigencia automáticamente por decreto, reflejando la tensión política en el país. Según el diputado José Luis Porcel, esta situación responde a una estrategia del Movimiento Al Socialismo (MAS) para evitar el escrutinio público, señalando observaciones en el Presupuesto aprobado en la Comisión.
Otro desafío importante es la crisis de financiamiento externo que enfrenta Bolivia, con un déficit acumulado de flujo neto de deuda externa de $us 1.222 millones en los últimos dos años. El «bloqueo legislativo» de créditos internacionales ha impactado el flujo de divisas y reducido la inversión pública, especialmente en alcaldías y gobernaciones. La Fundación Jubileo ha observado que el PGE autoriza préstamos del Banco Central a favor del Ministerio de Economía para financiar obligaciones de corto plazo.
La dependencia de importaciones y el agotamiento energético también representan desafíos para la economía boliviana. El país ha incrementado su dependencia de importaciones de diésel y gasolina debido al agotamiento de los campos de gas y la falta de inversión en exploración, lo que ha debilitado la balanza comercial. El Presupuesto muestra un aumento en los gastos corrientes y una reducción en la inversión pública, además de una subvención a hidrocarburos que se incrementa en un 50% respecto al presupuesto del año anterior.
Las presiones inflacionarias y factores externos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, también impactan la economía boliviana. La inflación global ha repercutido en el costo de importaciones esenciales, mientras que los bloqueos internos provocaron una inflación acumulada del 8.82% en 2024. El Presupuesto incluye medidas para controlar el contrabando y combatir la inflación importada.
El crecimiento desigual del gasto público es otro punto de debate, con críticas sobre la falta de transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. Se observa un aumento significativo en los recursos destinados al Poder Ejecutivo, generando críticas sobre el financiamiento de la burocracia estatal y posibles campañas electorales. La industrialización enfrenta estancamientos y la necesidad de diversificación económica para reducir la dependencia del gas.
La coyuntura electoral también influye en la economía, intensificando la polarización política y económica. El Gobierno asegura que las decisiones presupuestarias no estarán condicionadas por la elección, pero la oposición cuestiona el uso de recursos para fines políticos. El 2025 se plantea como un año para restablecer la estabilidad económica, apoyado en incentivos del Presupuesto y la puesta en marcha de plantas industriales, aunque se requieren soluciones estructurales y un posible cambio de modelo económico.