El fiscal promotor del Tribunal Disciplinario de la provincia Cercado cuestionó a la directora departamental de Educación, Eldy Urzagaste, por no hacer cumplir una resolución administrativa que establece 60 días de suspensión para un docente denunciado por violencia física y psicológica contra tres menores.
Redacción Central/El Periódico/13-08-2026.- El fiscal promotor del Tribunal Disciplinario de la provincia Cercado, Freddy Galarza, denunció presuntas irregularidades en el cumplimiento de una sanción administrativa contra un maestro acusado de ejercer violencia física y psicológica en contra de tres estudiantes menores de edad, y cuestionó directamente el accionar de la directora departamental de Educación, El Urzagaste.
Galarza explicó que el Tribunal Disciplinario emitió una resolución mediante la cual se determinó la suspensión del docente por un periodo de 60 días, como consecuencia de las denuncias presentadas por hechos de violencia que involucraron a los tres estudiantes. Sin embargo, según el fiscal, la autoridad educativa departamental no habría hecho efectiva la sanción en los términos establecidos por la instancia disciplinaria.
El representante del Tribunal Disciplinario expresó su preocupación por la situación y sostuvo que las resoluciones emitidas dentro de los procesos administrativos educativos deben ser cumplidas por las autoridades correspondientes. A su criterio, no existe justificación para que una determinación disciplinaria permanezca sin ejecución cuando ya fue emitida por la instancia competente.
Galarza remarcó además que el caso adquiere mayor relevancia porque uno de los padres de familia de las víctimas recurrió también a la justicia ordinaria, donde se siguió un proceso contra el mismo docente por los hechos denunciados.
De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal, en la vía ordinaria se dictó una sentencia que establece una sanción de 90 días contra el maestro, es decir, un periodo incluso superior a los 60 días determinados por la justicia administrativa en el ámbito educativo.
"Estamos hablando de un caso donde existen determinaciones en dos ámbitos de la justicia", explicó Galarza, al cuestionar que mientras la justicia ordinaria estableció una sanción de mayor duración, la resolución administrativa que corresponde al sistema educativo no estaría siendo aplicada de manera efectiva.
El fiscal señaló que la situación debe ser esclarecida por la Dirección Departamental de Educación y pidió que se explique por qué no se habría ejecutado la resolución disciplinaria. Consideró que, tratándose de menores de edad que denunciaron haber sido víctimas de violencia física y psicológica, las autoridades tienen la obligación de actuar con especial responsabilidad y garantizar que las medidas determinadas sean cumplidas.
La denuncia también pone nuevamente en debate los mecanismos de protección de los estudiantes frente a hechos de violencia dentro de las unidades educativas y la responsabilidad que tienen las autoridades educativas cuando se presentan denuncias contra docentes.
Galarza insistió en que el respeto a las resoluciones de los tribunales disciplinarios es fundamental para garantizar la vigencia de los procedimientos administrativos y evitar que las decisiones adoptadas queden sin efecto por falta de ejecución.
Mientras tanto, el caso genera cuestionamientos sobre la actuación de la Dirección Departamental de Educación de Tarija y abre la necesidad de establecer si existieron razones legales o administrativas que impidieron la aplicación inmediata de los 60 días de suspensión determinados por el Tribunal Disciplinario.
El promotor del tribunal anunció, en ese sentido, que continuará realizando las acciones que correspondan para que la resolución sea cumplida y para que se esclarezcan las responsabilidades que pudieran existir en caso de haberse omitido la ejecución de la sanción.