Redacción Central/Bolinfo/Tarija/// Bolinfo/ Tarija/ junio-30-2025
El Periódico – junio 30, 2025 –
Rodrigo Altamirano, concejal municipal de Entre Ríos, denunció públicamente «persecución política» por parte de Petrobras e YPFB en contra de los comunarios de Chiquiacá y de su persona, con el objetivo de criminalizarlos y facilitar el ingreso de la petrolera a la zona de Saicán, dentro del campo petrolero Domo Oso X3 en la provincia O’Connor. Altamirano sostiene que Petrobras ha actuado de manera ilegal, ignorando la normativa y los derechos territoriales.
Altamirano, en coordinación con otros actores políticos, diputados y senadores, investigó el proceso que Petrobras intentó iniciar para ingresar a la comunidad de Chiquiacá, específicamente a la zona de Saicán. La ley exige que Petrobras tenga la autorización correspondiente para acceder al campo petrolero. Sin embargo, el concejal asegura haber obtenido información del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que demuestra que los predios por donde Petrobras habría ingresado se encuentran en una sobreposición de tierras.
El INRA dictaminó que quienes se presentaban como supuestos dueños de estos predios solo tenían un «carácter expectaticio», es decir, no eran dueños en su totalidad, ya que las tierras están en un proceso de saneamiento que «hasta hoy día continúa abierto».
El concejal detalló que, al no poder obtener la validación necesaria del cantón Chiquiacá para su ingreso, Petrobras «ingresa por la fuerza y con la policía, indicando que tenían una autorización, pero era una autorización totalmente manipulada, manoseada por el Instituto Nacional de Tierras». Altamirano resaltó que la propia Petrobras, en repetidas ocasiones, había enviado notas al INRA solicitando información sobre el estado de los predios, recibiendo como respuesta que estaban en saneamiento. No obstante, YPFB, junto a Petrobras, decidió hacer firmar a esos «supuestos dueños» y validar su ingreso con documentación presuntamente falsa, llevando a cabo consultas públicas en Entre Ríos y Saicán que, según Altamirano, serían «ilegales e inconsistentes» por no seguir el debido proceso.
Las comunidades han indicado que continuarán con la defensa de los recursos naturales de la zona «hasta las últimas instancias», sin rendirse y haciendo respetar su derecho.
Propuestas ignoradas y campañas insuficientes
Otro punto importante que destacó Altamirano es que, durante las visitas de Petrobras a las diez comunidades de Chiquiacá, se sugirió que para obtener el visto bueno de ingreso se debía garantizar una ley similar a la de regalías del 45% del Gran Chaco. Sin embargo, «ninguna de esas fases se ha cumplido».
Por el momento, Petrobras está intentando «convencer a la gente con unas tristes campañas médicas» y «un apoyo al transporte escolar, queriendo comprar a la gente con pequeñas obras parche». Además, entregaron «montos de dinero a las comunidades para que puedan refaccionar o hacer mejoras», pero estos recursos fueron entregados en dólares. Altamirano concluyó que, dada la situación económica del país, esos recursos «prácticamente ya no valen lo mismo», minimizando el impacto real de estas acciones en las comunidades.