Mike Figueroa, director de la Casa de la Cultura de Tarija, desmintió categóricamente las declaraciones de la secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, María Lourdes Vaca, sobre la cancelación de salarios adeudados al personal. Figueroa aclaró que los supuestos beneficiarios son empleados de la Gobernación y no de la Casa de la Cultura, cuya autonomía y funcionamiento están en riesgo por drásticos recortes presupuestarios que amenazan con su cierre y la organización del Festival Abril en Tarija.
Redacción Central/Bolinfo/Tarija/ Lunes, 28 de julio de 2025
Confusión de personal y deudas: La verdad detrás de los pagos
Mike Figueroa, director de la Casa de la Cultura, ha refutado con firmeza las afirmaciones de la secretaria María Lourdes Vaca, quien recientemente declaró que se habían saldado los salarios pendientes del personal de la institución. Figueroa aclaró que la Casa de la Cultura es una entidad autónoma con personería jurídica propia, y que los trabajadores a los que se refería Vaca son, en realidad, «funcionarios de la Dirección de Patrimonio y Cultura de la Gobernación, que administra el teatro». Este espacio, según Figueroa, es solo una parte del edificio de la Casa Dorada y no forma parte de la institución cultural.
El director explicó que la Casa Dorada, un edificio patrimonial, por mandato universitario, debería ser administrado en su totalidad por la Casa de la Cultura. Sin embargo, la Gobernación ha gestionado una sección del teatro, incluso realizando modificaciones estructurales como «picar una pared, poner mayas y colgar alambres», acciones prohibidas en edificios patrimoniales y que generan preocupación por su integridad. Esta confusión sobre el personal y la administración del edificio ha oscurecido la verdadera situación: los salarios adeudados corresponden a los cuatro funcionarios de la Casa de la Cultura, mientras que el personal de la Universidad Juan Misael Saracho que trabaja allí sí está al día con sus pagos.
Recortes presupuestarios amenazan 40 años de historia cultural
La Casa de la Cultura basa su funcionamiento en leyes nacionales, como la Ley 1321, que declara la Casa Dorada Monumento Nacional y le atribuye su administración, y la Ley 3045, que reconoce al Festival Internacional Abril en Tarija como patrimonio cultural, cuya organización también recae en la institución. Ambas normativas establecen la obligación de los gobiernos departamentales de asignar el presupuesto necesario.
Figueroa denunció un drástico recorte presupuestario que pone en jaque la continuidad de la institución. De Bs 1.270.000 asignados en 2021 para funcionamiento y mantenimiento, el monto se redujo a Bs 510.000 el año pasado. Para la gestión actual, solo se les anunciaron Bs 200.000, de los cuales Bs 100.000 son para el Festival Abril y los otros Bs 100.000 para gastos de funcionamiento. Hasta la fecha, solo han recibido la primera parte. «No vamos a poder seguir funcionando como Casa de la Cultura porque tendríamos que cerrar nuestras puertas y afrontar las demandas laborales de nuestros trabajadores», advirtió Figueroa, señalando que la Asamblea Legislativa ya instruyó a la Gobernación asignar los recursos necesarios en el POA de la presente gestión.
Falta de compromiso gubernamental y medidas de presión en el horizonte
El director reveló una preocupante falta de coordinación por parte de la Gobernación. Mientras la Alcaldía de Tarija ha expresado su intención de cumplir con su parte del convenio interinstitucional 04/2017, enviando personal de limpieza y mantenimiento, la Gobernación ha sido reticente. Figueroa ha solicitado los Bs 683.000 que considera necesarios, pero la respuesta ha sido negativa, incluso aduciendo falta de fondos para los segundos Bs 100.000 prometidos.
La situación llevó a Figueroa a buscar el apoyo del rector de la Universidad Juan Misael Saracho, Eduardo Cortez, quien preside el directorio de la institución. Cortez ha convocado a cuatro reuniones, a las cuales el gobernador no ha asistido en ninguna ocasión, a diferencia del alcalde, que ha ratificado su compromiso. A pesar de reconocer la difícil situación económica del país, Figueroa lamentó que no se busquen mecanismos para resolver la crisis que afecta a instituciones culturales vitales. Si no se atiende lo establecido por ley, los trabajadores de la Casa de la Cultura han anunciado una huelga de hambre, a la que Figueroa se sumará, y analizan otras acciones legales para exigir el cumplimiento de la ley. La Casa de la Cultura, con 40 años de trayectoria y un perfil apolítico, busca únicamente garantizar su supervivencia como «referente internacional» para Tarija.
Denuncia adeudos salariales, recortes presupuestarios y riesgo de cierre
