Fernando Antonio Ávila Mercado, Abogado
El 10 de octubre de 1982, Bolivia recuperó su democracia después de casi dos décadas de dictaduras militares. Hoy, 42 años después, es esencial reflexionar sobre lo que se ha logrado, los desafíos que persisten y las lecciones que hemos aprendido en la construcción de una democracia más sólida e inclusiva.
Con el retorno a la democracia, Bolivia adoptó el modelo de «democracia pactada», un sistema de coaliciones entre partidos que estabilizó el país desde 1985 hasta 2003. Aunque garantizó la gobernabilidad, tuvo un costo elevado: la desconexión entre las élites políticas y la ciudadanía, lo que debilitó la confianza en las instituciones.
A medida que avanzaba el siglo XXI, la insatisfacción social y la corrupción en las estructuras de poder hicieron que el sistema colapsara. En 2003, las violentas protestas del «octubre negro» pusieron fin a este modelo, revelando la necesidad de un cambio estructural.
Con el colapso de la democracia pactada, Evo Morales fue elegido presidente en 2005, marcando el inicio de un nuevo ciclo político. Morales prometió un gobierno más cercano a las mayorías excluidas y menos dependiente de las élites.
En 2009, se promulgó una nueva Constitución que reconoció la plurinacionalidad del Estado y otorgó mayores derechos a los pueblos indígenas, buscando un sistema más inclusivo.
Sin embargo, el gobierno de Morales también enfrentó sus desafíos. La concentración de poder en su figura y el debilitamiento de la independencia institucional generaron críticas y minaron su popularidad. Uno de los momentos más críticos fue el referéndum del 21F en 2016, cuando los bolivianos rechazaron la modificación constitucional que permitiría a Morales postularse a un cuarto mandato.
A pesar del resultado, el Tribunal Constitucional lo habilitó para las elecciones de 2019, desencadenando una crisis de legitimidad. La posterior renuncia de Morales en medio de acusaciones de fraude fracturó la cohesión democrática del país.
La senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina en 2019, pero su llegada al poder fue controvertida debido a la falta de respeto por la línea sucesoria constitucional. Su gobierno, que debía ser breve, fue criticado por la represión violenta durante las protestas, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata. Estos eventos dañaron aún más la confianza en las instituciones y agravaron la polarización política.
En octubre de 2020, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), fue elegido presidente, lo que fue visto como una oportunidad para restaurar el orden democrático. No obstante, su gobierno ha enfrentado críticas, especialmente por el reconocimiento de magistrados auto prorrogados del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial.
Aunque estas autoridades deberían haber dejado sus cargos, permanecen en ellos debido a la falta de elecciones judiciales, lo que ha generado una contradicción en el discurso del gobierno. Por un lado, Arce defiende el respeto a la Constitución, pero por otro, justifica la continuidad de estos magistrados, vulnerando los principios democráticos.
Esta ambivalencia ha debilitado la credibilidad del gobierno, exponiendo las tensiones entre estabilidad política a corto plazo y el respeto a la legalidad, un problema que compromete la confianza ciudadana en las instituciones a largo plazo. Además, plantea serias dudas sobre la independencia de los poderes del Estado y la capacidad del gobierno para renovar la institucionalidad democrática.
A 42 años del retorno a la democracia, Bolivia sigue enfrentando desafíos que ponen a prueba la solidez de sus instituciones. La polarización política, la fragilidad institucional y la desconfianza ciudadana son problemas persistentes que amenazan con perpetuar las debilidades del sistema.
Las crisis recientes, desde el referéndum del 21F hasta la gestión de Áñez, nos enseñan que la democracia no puede depender de figuras políticas ni de élites que prioricen sus intereses. Para que prospere, debe ser inclusiva, transparente y participativa.
El futuro de la democracia boliviana depende de la capacidad para aprender de los errores del pasado, fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que el poder sea representativo de todos los sectores de la sociedad. Solo así se podrá construir una democracia sólida, justa e inclusiva, donde todas y todos los bolivianos puedan participar plenamente.