Eduardo Claure
El área del desarrollo rural es el campo de acción prioritaria para los organismos regionales que deben velar por la solución de los problemas que presenta el marco institucional de apoyo y fomento al desarrollo rural; en este intento durante décadas se intentó crear una instancia o instancias destinadas a este efecto: Ejecutivos de Desarrollo Seccional, Municipios, Subgobernaciones, hasta ADEL o agencia de desarrollo local (2015-2019 del que no se conoce resultados); mismos que gestados al influjo de la Ley 1551 y posteriores, hasta la 03 que generó una separación de catálogos competenciales en las ETAs, y toda la parafernalia autonomista que disgregó la institucionalidad para el desarrollo rural. O sea, cada quien hace lo que quiere, pero con asignaciones presupuestarias no suficientes. En este contexto, debiera hacerse un esfuerzo político, para que una instancia departamental/municipal, llene con sus actividades, vacíos en el marco institucional de apoyo y fomento al Desarrollo Regional, que dinamice a través de diferentes formas de acción las instituciones de apoyo existentes, que no funcionan debidamente por diferentes problemas. Consecuentemente esta instancia, encararía la solución del problema de ausencia de un proceso de planificación concertada y la implementación coordinada de acciones, programas y proyectos de los diferentes entes estatales y públicos que operan en el departamento/región, en este sentido, el rol de esta instancia, así definida, evitará usurpar funciones a las instituciones cabeza de sector -nacionales-y las locales. Además deberá coordinar sus propios planes, programas y proyectos con los de aplicación en la región, de los organismos centralizados y descentralizados y del sector privado (comunidades, cámaras, universidades, ONG,s, fundaciones y otras), con la finalidad de alcanzar objetivos de un plan departamental/regional de desarrollo socioeconómico, para lo cual dichos organismos proporcionarían la información, recursos técnicos, económicos y otros correspondientes.
Así metodológicamente, se podrá dar solución a los aspectos más importantes que confronta el marco institucional del sector agropecuario en la región: La existencia de un número relativamente considerable de instituciones públicas y privadas que trabajan sin coordinación en el sector agropecuario, siendo este número más alto que en otros sectores; falta de una planificación agropecuaria y rural de manera integral que permita un trabajo coordinado entre todas las instituciones de la región; falta de coordinación interna de las instituciones que trabajan en el medio rural, por su cuenta y en forma aislada; duplicación de funciones de las entidades estatales y privadas que se ocupan del desarrollo rural; falta de estrategia para desarrollar la estructura orgánica de las instituciones, a fin de fortalecerlas, para que las mismas sean más dinámicas y efectivas en el logro de sus objetivos; instituciones trabajan a nivel de ejecución de proyectos en muchos casos con objetivos y criterios no muy claros; el celo institucional, es uno de los obstáculos que impiden la coordinación con otras entidades del sector; falta de concientización, conocimiento y participación de los productores de las actividades de las instituciones del sector; el escaso poder de decisión de las instituciones departamentales y locales, es otro factor que impide la coordinación interinstitucional, sobre todo por la concentración de presupuestos definidos centralmente y no “autónomamente”; los recursos financieros para el sector rural, generalmente, son relativamente bajos en comparación con otros sectores, pues al duplicar funciones, superponer proyectos, infraestructura administrativa, esto no permite la cobertura económica para la ejecución de proyectos prioritarios; falta de un centro de documentación de proyectos agropecuarios, frutícolas, de agua, suelo, residuos sólidos urbanos y rurales a nivel departamental. Aquí el proceso autonómico no significó, precisamente, desarrollo rural o agropecuario.
Con estos antecedentes, podría proponerse un proceso de Planificación Regional que se ocupe de la identificación y análisis permanente de información clave, con el fin de solucionar problemas económicos, sociales y espaciales del desarrollo regional y de activar el potencial de desarrollo que se tiene; racionalizaría y coordinaría el proceso de toma de decisiones por las personas e instituciones responsables de la política de desarrollo agropecuario regional; el proceso de planificación debiera lograr una asignación de recursos más racional dentro la región y su área de influencia. En este sentido, el enfoque de planificación, estará orientado a la realidad de la región y a las aspiraciones de las comunidades, coordinará acciones y concertando el proceso de planificación, con todas las instituciones, por lo tanto, la planificación no será impuesta verticalmente y tampoco se ocupará solo de elaborar documentos, sino más bien, de establecer un proceso de planificación continuo con retroalimentación y evaluación constante.
El enfoque propuesto, denominado de Problemas y Potencialidades, busca identificar problemas concretos y determinar potenciales activables y todo el trabajo de elaboración de planes estará orientado en todas sus fases a la solución integral de los principales problemas y necesidades más sentidas, como también la activación de los potenciales de desarrollo departamental y local. Seguramente, muchas opiniones no concordarán con este enfoque, no se trata de reeditar experiencias pasadas y fracasadas como un comité técnico interinstitucional de planificación para el desarrollo del sector agropecuario, sino se trata de construir un mecanismo para concientizar a las comunidades e instituciones sobre el papel específico que deben desempeñar todas las instituciones y organizaciones involucradas.
El único mecanismo que podrá garantizar en el tiempo un proceso de planificación para el sector, es un organismo que trabaje a nivel técnico y con capacidad de decisión para llevar adelante la solución de los problemas en los que en este momento nos hallamos enfrentados (cambio climático, degradación de suelos, agua potable y para la producción, contaminación de aguas superficiales y suelos productivos), además, este organismo, garantizaría el poder de decisión y negociación de las instituciones de desarrollo agropecuario, significando esto, que el peso de cada institución aumentaría significativamente en el alcance integral del concepto de desarrollo operativizado, coordinado, participativo, con seguimiento y evaluación confiable administrativa, económica, financiera, y que dé certidumbre a su proceso de aplicación, en bien de la gran comunidad departamental tarijeña. Es una cuestión de enfoque, de actitud y de política.
