El viceministro de Transparencia y Justicia, Yamil García Delfín, informó que las etapas investigativas concluyeron y varios implicados tienen medidas sustitutivas.
Fernando Barral Zegarra/Bolinfo/Tarija//
Periódico-Octubre-10-2026.- Cuatro casos denunciados de presunta corrupción en la Aduana, en la anterior gestión de gobierno, están a la espera del inicio de los juicios penales, luego de la conclusión del período de investigación.
«La Aduana ha generado cuatro procesos penales que están con imputaciones formales», confirmó el Viceministro de Justicia y Transparencia, Yamil García Delfín, al recordar que en estos procesos hubo detenciones imputaciones.
«También hay personas que están con medidas cautelares sustitutivas», explicó al añadir que estos cuatro procesos legales se encuentran en etapa preparatoria, quiere decir que, desde la imputación formal, hay un plazo de seis meses para los juicios.
«Desde la imputación formal, existe un plazo máximo de seis meses para que la Fiscalía revise, si presentará acusación o sobreseimiento», recordó al informar que el gobierno está cooperando en estos casos y espera que haya acusaciones.
Más de seis personas fueron detenidas, cauteladas y aprehendidas en La Paz, recordó al asegurar que el gobierno en estos casos no quiere venganza, sino justicia, establecer responsabilidades penales y sobre todo resarcimiento del daño económico.
Dos casos tienen que ver con la compra de «scanners» donde se presume un sobreprecio de más de 5 millones de bolivianos en cada uno de ellos, en la compra de terreno el 50% del costo del predio estaría cuestionado como asimismo la ejecución del edificio.
Estos dos últimos aspectos son parte del proceso de investigación que prosigue, mientras se espera el inicio de los juicios penales, en uno de los casos, la principal implicada es la anterior gerente nacional de la entidad fiscalizadora.
EL APUNTE
Protesta
y delito
Sobre el anuncio del evismo, de nuevas medidas de presión en el país a partir de la próxima semana, el viceministro, mencionó que el derecho a la protesta es constitucional, sin embargo, impedir el flujo de alimentos y medicamentos, ya no es protesta.
«Eso es cometer delitos, quienes estén incitando a la comisión de delitos, por supuesto que serán objeto de procesamiento penal», sostuvo al añadir que la Fiscalía como la Policía están facultados para hacer cumplir la normativa.
Cuatro casos de presunta corrupción en la Aduana esperan el inicio de juicio
