Escribe: Roberto Márquez
Fuera de toda retórica oficial y de las promesas vacías del relato estatista, la brutal confesión del nuevo gerente de Boliviana de Aviación (BoA) —al admitir que la aerolínea estatal opera apenas con “un avión y medio” propio, mantiene naves paradas en el extranjero generando millonarias pérdidas y sufre un salvaje «canibalismo» técnico en sus hangares de Viru Viru— desnuda el colapso absoluto de un dogma: el populismo económico, tarde o temprano, se queda sin los recursos ajenos que saquea y termina devorándose a sí mismo.
Para el populismo nefasto del Socialismo del Siglo XXI, esa institucionalidad republicana constituía el obstáculo principal que urgía demoler. El diagnóstico del totalitarismo corporativo era implacable: mientras subsistiera un referente histórico de excelencia estatal, de orgullo técnico y de tradición republicana autónoma, su relato hegemónico se caería a pedazos. Por ello, la consigna política adoptada desde el poder fue una orden de demolición sistemática: para instaurar su hegemonía prebendal y doblegar al país bajo un férreo control absoluto, debían arrasar con todo vestigio de la República de Bolivia.
El vaciamiento deliberado, la asfixia regulatoria y la posterior liquidación criminal del LAB no respondieron jamás a criterios de mercado, a ajustes económicos racionales ni a la libre competencia; respondieron a un designio dictatorial y mezquino destinado a borrar el pasado institucional, destruir el patrimonio histórico de los bolivianos y erigir, sobre sus ruinas humeantes, un feudo corporativo administrado desde la más absoluta arbitrariedad política.
Sobre las cenizas de la institucionalidad republicana, y utilizando la ingente bonanza del gas como chequera sin fondo, el régimen edificó su antítesis: un leasing corporativo pintado de azul llamado BoA. Concebido bajo el capricho personal de Álvaro García Linera, este engendro estatal no surgió de la eficiencia ni del esfuerzo competitivo, sino del despojo sistemático de los recursos tarijeños, arrebatados a las regiones a través de un centralismo confiscatorio y prebendal.
Escudados tras el falso eslogan de la «soberanía», instauraron un modelo de matriz corporativa fascista: un Estado devenido en patrón monopólico totalitario que pulverizó los límites entre el partido en función de gobierno y la administración empresarial. El relato oficial alardeaba de una gestión exitosa, sepultando la contradicción medular de su propia falacia: pregonaban una eficiencia soberana mientras construían una maquinaria de corrupción, loteo de cargos y vaciamiento sistemático.
Hoy, la implacable ley dialéctica de la economía se cumple sin piedad, ajusticiando el relato oficial contra el muro de los hechos. Descubrir que Boliviana de Aviación opera apenas con un precarizado «avión y medio» en propiedad —mientras continúa sangrando sus arcas al pagar religiosamente alquileres por aeronaves abandonadas y varadas en aeropuertos mexicanos, y somete a sus propios equipos a un salvaje desmantelamiento mecánico para mantener en el aire a duras penas un puñado de aparatos— desnuda en toda su magnitud la bancarrota moral, financiera y material del estatismo corporativo.
El «canibalismo» aeronáutico expuesto en los hangares de Viru Viru no es una anécdota técnica aislada; es la radiografía descarnada de un régimen que, bajo la promesa de la soberanía, hipotecó y saqueó el presente y el futuro de los bolivianos.
Bolivia no puede seguir atada a las ruinas del centralismo prebendal. Es hora de dejar atrás los mitos del estatismo fracasado y exigir un país donde imperen nuevamente el Estado de Derecho, el respeto irrestricto a la Ley, la seguridad jurídica y la libertad de empresa. La historia nos demanda reconstruir la República: un territorio de ciudadanos libres, dueños de su destino y de su futuro.