El Congreso de Perú aprobó por mayoría la moción de interpelación del ministro del Interior, Vicente Romero, para que responda por la intervención policial ejecutada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, durante las protestas que pedían la renuncia de Dina Boluarte.
Con 47 votos a favor, 37 en contra y 11 abstenciones, se admitió la moción Moción 5371, que propone la interpelación.
Esa casa de estudios denunció en un comunicado, publicado el 22 de enero, que hubo un «abuso de autoridad» por parte de los uniformados, luego del ingreso al recinto universitario sin la presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, ni del Ministerio Público.
Los agentes policiales entraron al campus universitario, luego de que «un reducido grupo de estudiantes, en colaboración con algunos manifestantes» tomaran las puertas del recinto y redujeran al personal de seguridad, manifestaron las autoridades estudiantiles.
En esa oportunidad, 193 personas fueron detenidas. Al día siguiente, el Ministerio Público informó que había ordenado la liberación de 192.
La posibilidad de una moción de censura
Por estos hechos, el pasado 24 de enero la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Romero, «como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales, en agravio del Estado».
El pasado 27 de enero, la congresista Sigrid Bazán, de la bancada izquierdista de Cambio Democrático-Juntos por Perú, anunció que presentarían una moción «multipartidaria» de interpelación contra Romero para que rindiera cuentas por ese operativo.
Según la página del Parlamento, la interpelación es una práctica de «control político«, que puede concluir con el voto de censura «cuando las explicaciones del interpelado no satisfacen al Congreso». Se espera que se establezca la fecha para que Romero comparezca ante el Legislativo.
La solicitud de moción de censura debe ser suscrita por no menos del 25 % del total de congresistas. Para ser aprobada, debe ser votada por más de la mitad del total de diputados. Si se aprueba, el titular de la cartera debe renunciar a su cargo y el presidente debe aceptar la decisión en las 72 horas siguientes.
Fuente: RT