REDACCIÓN CENTRAL/Bolinfo/Tarija//
El Periódico-Septiembre-27-2025.- El proyecto de fotomultas implementado en la ciudad de Tarija continúa en el ojo de la tormenta. Aunque la medida busca mejorar la seguridad vial y generar mayor respeto a las normas de tránsito, concejales municipales y representantes del transporte libre denunciaron que la Alcaldía no transparentó el contrato suscrito con la empresa encargada del servicio, lo que ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos a la gestión municipal.
El concejal municipal Daniel López fue uno de los primeros en manifestar públicamente su preocupación por la falta de acceso a la documentación oficial que respalda el acuerdo con la empresa operadora. Según explicó, hasta la fecha el ejecutivo municipal no hizo llegar al Concejo el contrato, pese a que se trata de un proyecto que tiene un impacto directo en la ciudadanía.
“Hay un aspecto positivo que no se puede negar: de alguna manera, el sistema de fotomultas está enseñando a respetar las señales de tránsito en la ciudad. Sin embargo, no podemos pasar por alto que el Concejo no recibió información clara ni detallada sobre las condiciones en las que se firmó el contrato. Necesitamos conocer cuáles son los términos, los montos de las sanciones y los lugares en los que se instalarán las cámaras”, declaró López.
El edil recalcó que la definición de estas medidas no puede limitarse a un acuerdo bilateral entre la Alcaldía y la empresa contratada. A su criterio, también era indispensable contar con la participación del sector del transporte, por ser uno de los principales involucrados en la aplicación de las fotomultas. “Lo lógico era consensuar previamente no solo los sitios donde se colocan las cámaras, sino también los topes de velocidad y las tarifas de las sanciones. Eso no se hizo y ahora tenemos un proyecto que genera desconfianza y resistencia”, añadió.
La misma línea crítica fue asumida por el concejal Ramos, quien informó que, ante la negativa del ejecutivo municipal de compartir la documentación, el caso fue puesto en conocimiento del Viceministerio de Transparencia. “Nos preocupa la falta de apertura de la Alcaldía. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se manejan los recursos y qué obligaciones asumió la ciudad con esta empresa. No es normal que se oculte un contrato que debería ser público y eso llama poderosamente la atención”, cuestionó.
El conflicto no solo se limita al ámbito institucional. El senador Luis Caso, representante del transporte libre, fue categórico al advertir que su sector no reconocerá las sanciones emitidas por el sistema de fotomultas. Según explicó, el proyecto jamás fue consensuado con los transportistas, quienes en ningún momento fueron convocados para debatir la ubicación de las cámaras, los límites de velocidad o los montos de las multas.
“Hemos solicitado en varias oportunidades el contrato y nunca nos lo entregaron. Parece que lo tienen guardado bajo siete candados. No entendemos por qué tanto secretismo. Si todo está en regla, ¿qué les cuesta transparentar?”, expresó el legislador, al tiempo de remarcar que no aceptarán que se cobre a los choferes multas que nacen de un acuerdo desconocido.
Caso fue más allá al señalar que el proyecto puede terminar generando un conflicto social de mayores proporciones si la Alcaldía no rectifica su postura y decide abrir el contrato a la revisión de los sectores involucrados. “Nosotros no nos oponemos a mejorar la seguridad vial, pero no podemos avalar un sistema que se construyó a espaldas de la gente y que ahora pretende imponer sanciones sin consenso”, insistió.
Mientras tanto, la Alcaldía guarda silencio frente a las críticas. Hasta ahora, ninguna autoridad del ejecutivo municipal salió a aclarar los términos del contrato ni a detallar las condiciones que rigen la implementación del sistema de fotomultas en Tarija. Este silencio alimenta aún más las sospechas sobre un manejo poco transparente.
El trasfondo del debate revela la tensión que existe entre la necesidad de mejorar la seguridad vial en la capital tarijeña y la obligación de transparentar los actos de gestión pública. Por un lado, está el argumento de que las fotomultas ya están generando un efecto positivo al obligar a los conductores a respetar las señales; por el otro, persisten las dudas sobre quién controla los recursos recaudados, cómo se distribuyen los ingresos y bajo qué condiciones se establecieron los convenios con la empresa responsable.
La polémica promete prolongarse en las siguientes semanas. Concejo Municipal, sector transporte y sociedad civil esperan respuestas claras de la Alcaldía. Hasta que ello ocurra, el proyecto de fotomultas seguirá siendo un tema de desconfianza y de controversia en la agenda pública de Tarija.