Si se pagaba este total de multas acumuladas en tres meses, 1.4 millones iba a ser para el gobierno municipal y 1.3 millones la empresa “Smart Solutions”, precisó la autoridad.
Redacción Central/Bolinfo/Tarija//
El Periódico-Octubre-31-2025.- La concejal por el MAS, Raquel Ramos Guzmán, elevó una petición de informe escrito al ejecutivo municipal sobre los ingresos que generaron las fotomultas, que ahora está en proceso de rescisión de contrato.
La autoridad dijo que se publicaron datos por varios medios, y por las redes sociales de las recaudaciones que efectuó la empresa “Smart Solutions” y que serían montos altísimos que más beneficiarían a la empresa.
Solamente 2 personas de un total de 10 notificados fueron a pagar la multa, “si se hubiera recaudado al 100%, en tres meses hubieran logrado 2.8 millones de bolivianos, al municipio iba a llegar 1,4 millones”, estimó.
En cambio, la empresa iba a quedarse con 1.3 millones, “esto estaba encaminado no a ser un proyecto de educación vial, sino de recaudaciones, donde el mayor beneficiario iba a ser la empresa privada con afectación a los tarijeños”, expresó.
Por estas razones, la concejala elevó la petición de informe para saber qué acciones asumirá el municipio para devolver el dinero que cobraron. Mucha gente continúa molesta por los anuncios de cobros de multa que llegaron a sus celulares.
“Queremos saber qué acciones va asumir el municipio, porque tiene que devolverse el dinero a la población tarijeña”, insistió al mostrar su petición de informe como algunos cuadros del movimiento económico de las fotomultas.
Las afectaciones a la población se dieron de forma arbitraria, ilegal, remarcó al reiterar que el municipio firmó el contrato con la empresa privada, sin el marco legal claramente establecido, como la sentencia judicial, lo confirmó.
EL APUNTE
Educación vial
El vocero de la empresa Daniel Rodríguez declaró que uno de los componentes del contrato son las fotomultas, lo principal era la educación vial, mediante campañas masivas. Volvió a decir que la alcaldía no publicó el decreto para el proyecto en la gaceta oficial.
La empresa analiza diferentes acciones legales para asumir, en base al contrato suspendido. Admitió que iniciaron los cobros de las multas en julio, ahora el amparo constitucional no menciona la devolución o no de los cobros.
El representante sostuvo que se hicieron transferencias a la alcaldía, el 51%, de acuerdo a contrato. “Muchos ciudadanos han pagado, los únicos que no pagaron son los del transporte público, ese dinero se entregó al gobierno municipal”.