Redacción central/Bolinfo/Tarija/ Martes, 15 de julio de 2025
La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Raquel Ramos, ha manifestado su profunda preocupación por lo que califica como una implementación «arbitraria» de las fotomultas por parte de la Alcaldía Municipal de Tarija. Si bien la concejal no está en desacuerdo con la necesidad de una normativa o la educación vial para reducir los accidentes, le inquieta la forma en que se está llevando a cabo esta iniciativa.
Costos ocultos y enriquecimiento de empresa privada
Raquel Ramos desmintió la afirmación del Gobierno Municipal de que las fotomultas no tendrán ningún costo para la entidad. Según la concejal, si bien la Alcaldía no pagará directamente, el costo de inversión de las cámaras recaerá en todos los tarijeños. Además de pagar las multas, los ciudadanos financiarán este proyecto, ya que la empresa que instale las cámaras recibirá un 50% de las recaudaciones. Este hecho, según Ramos, representa una apropiación de fondos públicos por parte de una empresa privada.
Minuta rechazada y carta al alcalde por vulneración de derechos
Ante esta situación, la concejal Ramos presentó una minuta al pleno del Concejo Municipal, recomendando al Gobierno Municipal que derive un proyecto de ley específico para las fotomultas. Ramos argumenta que la medida no se enmarca en la ley municipal de concesión de servicios, cuyo artículo 7 establece que dichas concesiones son para servicios básicos como agua potable, alcantarillado o recolección de basura, y no para la imposición de multas coercitivas. La minuta solicitaba que se estableciera la ubicación de las cámaras basándose en estudios de la policía y del propio gobierno municipal.
Sin embargo, la minuta fue rechazada por la directiva y algunos concejales del Concejo Municipal, quienes alegaron desconocimiento del tema. Ante esta negativa, la concejal Ramos se vio obligada a enviar una nota directa al Alcalde Municipal, indicándole que no se pueden vulnerar derechos y garantías. Hizo hincapié en el Artículo 109 de la Constitución Política del Estado, que establece que todo derecho y garantía debe estar regido por la ley, y que, por lo tanto, la imposición arbitraria de multas requiere una norma específica por parte del Concejo Municipal.
La concejal ha enviado copias de esta nota a la Contraloría General del Estado y al Viceministerio de Corrupción y Transparencia, buscando que estas instancias intervengan y aseguren el cumplimiento de la legalidad y la transparencia en este proceso. El conflicto subraya una tensión entre la Alcaldía y parte del Concejo Municipal sobre la legalidad y transparencia de la implementación de las fotomultas en Tarija.
Este pulso político y legal pone en evidencia la necesidad de un marco normativo claro para la implementación de nuevas tecnologías de control en la ciudad. La controversia sobre las fotomultas resalta la importancia de la transparencia en la gestión de recursos públicos y la protección de los derechos de los ciudadanos, en un contexto donde las medidas administrativas deben estar debidamente respaldadas por la ley.
Concejal del MAS denuncia arbitrariedad en fotomultas y pide ley específica
